5 mayo, 2016

Caracas. EFE. La bancada chavista del Parlamento venezolano, compuesta por 54 de los 163 escaños, solicitó este miércoles al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un amparo que declare inválidas las últimas tres sesiones de la Asamblea Nacional, incluyendo sus decisiones legislativas y políticas .

El bloque oficialista acudió “a presentar un amparo cautelar para que en función de la acción aviesa tomada por la junta directiva (...) declare nula e irrita (no ejerce obligación) las sesiones del 26, 28 de abril y del 3 de mayo, y por ende todos los actos legislativos y de control político que se emitieron en el desarrollo de las mismas (sic)”, dijo el diputado Pedro Carreño.

El legislador, que acudió a la sede del Ministerio Público acompañado de varios diputados oficialistas, dijo que la Asamblea Nacional “de forma sistemática ha incurrido en desacato en decisiones del máximo tribunal”.

El diputado chavista se refiere con esto a una sentencia del TSJ que ordenó la suspensión cautelar de varios artículos del reglamento interior y de debate del Parlamento, una decisión que, sostiene, ha sido desconocida por los opositores.

El presidente legislativo, Henry Ramos Allup, habló con periodistas el martes en Caracas sobre el proceso para el referendo revocatorio. | EFE
El presidente legislativo, Henry Ramos Allup, habló con periodistas el martes en Caracas sobre el proceso para el referendo revocatorio. | EFE

Algunos de los artículos suprimidos por el máximo tribunal quitan la potestad de la junta directiva de, con el voto de la mayoría, modificar el orden del día del pleno, convocar las sesiones con menos de 48 horas de antelación, entre otras cuestiones.

La decisión de la Sala Constitucional obedece a un amparo solicitado hace más de cinco años por los opositores, cuando eran minoría en la Cámara.

El TSJ respondió a esta medida cautelar el 22 de abril dictando las restricciones sobre el reglamento ahora que los opositores controlan el pleno.

De ser concedido el amparo solicitado por el chavismo se declararían nulas las sesiones de las dos últimas semanas a lo largo de las que se han aprobado la Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud, un informe sobre “la crisis alimentaria de Venezuela”, y el voto de censura del ministro de Alimentación, Rodolfo Marco, que implicaría su destitución.