16 agosto

Caracas

Agentes de inteligencia allanaron este miércoles la casa de la exfiscala general Luisa Ortega, luego de que el Ministerio Público pidiera el arresto de su esposo, un diputado disidente del chavismo acusado de extorsión, señaló la exfuncionaria.

"El Sebin allana mi vivienda como parte de la venganza de este gobierno por luchar contra el totalitarismo", escribió Ortega en Twitter.

Miembros del Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariana (Sebin) llegaron hasta la casa de la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, en Caracas.
Miembros del Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariana (Sebin) llegaron hasta la casa de la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, en Caracas.

La exfiscala, que no precisó si ella y su marido Germán Ferrer se hallaban en su residencia al norte de Caracas, acusó al presidente Nicolás Maduro y al dirigente Diosdado Cabello de pretender acabar con su "lucha por la democracia y la libertad de los venezolanos".

La Fiscalía pidió el arresto de Ferrer por supuestamente liderar una red que extorsionaba a empresarios petroleros sospechosos de corrupción.

"Debe estar privado de la libertad en custodia en su residencia", dijo este miércoles el fiscal general, el chavista Tarek William Saab, al anunciar la medida contra el legislador.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –acusado de servir al gobierno– es el encargado de librar la orden de captura para que Ferrer "esté privado de libertad mientras se inicia el proceso de allanamiento a su inmunidad" como diputado, añadió.

Cuatro motocicletas y siete patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) permanecieron en la tarde del miércoles frente al domicilio de Ortega, observó un equipo de la AFP.

Saab indicó en rueda de prensa que pedirá a la Asamblea Constituyente, que rige el país con poderes absolutos, iniciar un proceso para retirar el fuero parlamentario a Ferrer.

La exfiscala no es mencionada en la denuncia, pero "es muy difícil que no sepa nada" sobre los cargos que se le imputan a su esposo, afirmó Cabello, constituyente y líder oficialista, quien presentó la querella.

Cabello acudió este miércoles al despacho de Saab para entregar las "pruebas" a nombre del órgano que reescribe la Carta Magna, pero que viene tomando medidas de inmediata aplicación.

En su primera decisión, el 5 de agosto, la Constituyente destituyó a Ortega, una chavista que rompió con Maduro a inicios de abril tras denunciar un quiebre del orden constitucional.

La exfiscala escaló en los últimos meses sus denuncias contra el gobierno, acusando a Maduro de tener "ambiciones dictatoriales", con procesos contra varios funcionarios por presunta corrupción y violación de derechos humanos.

Ferrer, por su parte, se separó del oficialismo y conformó una pequeña bancada en el Parlamento, de mayoría opositora.

Otro dirigente chavista disidente de Maduro, Nicmer Evans, denunció la noche del miércoles en Twitter que funcionarios del servicio de inteligencia fueron a su residencia para preguntar por el legislador.

Según la denuncia, Ferrer y funcionarios de la Fiscalía integraban una red que extorsionaba a empresarios petroleros presuntamente implicados en casos de corrupción.

Les pedían hasta $600.000 para que no fueran procesados, dijo Cabello, quien aseguró que la denuncia "no tiene nada que ver" con la postura política de la exfiscala y su marido.

El dirigente pidió la orden de arresto contra el congresista, así como prohibirle la salida del país y congelar sus cuentas y bienes.

Cabello acusó a Ferrer de haber abierto en abril de 2016, junto con el fiscal Pedro Lupera, una cuenta bancaria por un millón de dólares en Bahamas, producto supuestamente del ilícito.

Saab mostró a la prensa documentos bancarios, según él originales y firmados por el diputado, que demostrarían la titularidad de la cuenta. El fiscal pidió la captura de Lupera, de otro fiscal y una mujer que presume estaba adscrita al despacho de Ortega.