Nueva York. AFP. Más de 50.000 norcoreanos han sido enviados a trabajar fuera de su país, sobre todo a Rusia y China, en condiciones que, según un experto en derecho de la ONU, equivalen a trabajos forzados.
El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Humanos en Corea del Norte, Marzuki Darusman, manifestó que Pionyang estaba incrementando la exportación de trabajadores para atraer salarios en divisas más fuertes.
Darusman detalló la situación de los norcoreanos que trabajan fuera de su país en su informe anual presentado a la Asamblea General, que este año adoptará de nuevo una resolución de condena a la situación de los derechos humanos en el país asiático.
“Los nacionales de RPDC (República Popular de Corea) han sido enviados a trabajar a varias partes del mundo, donde laboran bajo condiciones que equivalen a trabajos forzados, por sí mismos o por los Gobiernos que los reciben”, indicó Darusman este miércoles.
Al llamando la atención de las Naciones Unidas sobre los trabajadores que salen de Corea del Norte, advirtió, en un informe, de que las compañías que los contratan “se convierten en cómplices de un sistema de trabajo forzado inaceptable”.
El experto señaló que estos trabajadores eran empleados sobre todo en construcción, minería, industria textil y explotación forestal, y que no se les informaba sobre sus contratos, que eran negociados por Pionyang.
La mayoría son empleados en Rusia y China, pero Darusman mencionó otros 15 países, entre ellos Argelia, Angola, Kuwait y Polonia.
Una compañía de construcción de Catar mandó de regreso a 90 norcoreanos este año, cuyos supervisores los obligaban a trabajar más de 12 horas al día y no recibían suficiente alimentación. Uno de estos obreros murió por el trato vejatorio, según el informe, que se verá en la Asamblea General esta semana.
Darusman añadió que, en general, no había habido una mejora de la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, citando otros temas como la situación en los campos de detención, e hizo un llamado al Consejo de Seguridad para que haga comparecer al país ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.