EscucharCiudad de Guatemala (AFP). La histórica sentencia por genocidio contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, la primera contra un dictador en Latinoamérica por un tribunal local, provocó reacciones encontradas entre víctimas y familiares que estallaron en algarabía y los seguidores del militar que consideran injusta la pena de 80 años de cárcel.
“Es un fallo histórico, la prueba fue contundente y se condena al jefe del alto mando del ejército de entonces”, dijo a la AFP el abogado del querellante Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Héctor Reyes, tras el veredicto en la sede de la Corte Suprema de Justicia.
“Se puede observar la felicidad de todas las victimas. Siempre, cuando vinieron a declarar, pidieron justicia y esto es lo que están obteniendo”, aseveró.
“Se hizo justicia porque es primera vez que se reconoce el genocidio en América latina, no creíamos que esto iba a suceder”, comentó a su vez Elizabeth Osorio, una activista que lanzaba besos hacia el tribunal.
En tanto, Amnistía Internacional, movimiento mundial en defensa de los derechos humanos, consideró el veredicto como “un paso histórico en la larga lucha del país por la justicia”.
“Con esta condena, Guatemala lidera con su ejemplo en una región donde la arraigada impunidad de los crímenes del pasado sigue siendo lamentablemente la norma”, dijo Sebastián Elgueta, investigador de Guatemala de Aministía Internacional.
Asimismo, consideró que Guatemala debe ahora “dar continuidad a este momento histórico, garantizando que todos los que participaron en el asesinato, la tortura, la violación y desaparición de decenas de miles de personas sean llevados ante la justicia”.
En contraparte, la defensa del general arremetió contra el tribunal, presidido por la jueza Jazmín Barrios.
“La sentencia demuestra el fracaso de la justicia porque se han violado los derechos humanos de un procesado. Es una monstruosidad política”, consideró Francisco García, uno de los abogados del dictador.
“Es injusta, porque no hay razón para condenarlo, en todas las audiencias que se dieron se vio que la jueza estuvo apegada a su interés personal”, consideró Carlos Tax, originario del municipio de Totonicapan (oeste), y quien acudió a apoyar a Montt.
El dictador fue hallado responsable de 15 masacres en que 1.771 indígenas mayas-ixiles murieron a manos del Ejército en el departamento de Quiché (norte), durante su régimen de hierro entre 1982 y 1983, en tanto que su exjefe de inteligencia militar, José Rodríguez, también enjuiciado, fue absuelto.
La jueza Barrios dictó sentencia apoyada en declaraciones de testigos y sobrevivientes, así como en estudios forenses y antropológicos.
Además, dio valor probatorio a los planes contrainsurgentes Victoria 82, Sofía y Firmeza 83, diseñados para contrarestar el apoyo civil a la guerrilla.
“Los planes buscaba neutralizar y eliminar a los subversivos de forma táctica, estratégica y logística y Ríos Montt estaba enterado cada 15 días de los avances”, puntualizó.
