EscucharSantiago de Chile. EFE y AP. El Gobierno chileno aseguró ayer que en la región sureña de La Araucanía operan “organizaciones terroristas” y no descartó tomar nuevas medidas tras el incendio intencionado que el viernes causó la muerte de un matrimonio y por el que varios sectores han pedido declarar el estado de excepción.
En el ataque, una veintena de encapuchados dispararon y prendieron fuego a una vivienda, lo que causó la muerte de un empresario agrícola de ascendencia suiza, Werner Luchsinger, de 75 años, y su mujer, Vivian MacKay, de 69.
“Tenemos que tener muy claro que enfrentamos a un enemigo fuerte, poderoso, organizado, en la zona de La Araucanía. Enfrentamos a organizaciones terroristas”, manifestó ayer el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
“El Gobierno va a hacer uso de todas las acciones y medidas que la ley y el Estado de derecho nos brinde para combatir a las organizaciones terroristas”, añadió Chadwick, que dijo que no se va a renunciar a “ninguna acción que la ley pueda brindar”.
El ministro recordó las siete medidas anunciadas ayer para perseguir estos delitos, incluida la aplicación de la ley antiterrorista, y precisó que harán uso de otras medidas “de acuerdo con las circunstancias y a las condiciones” que se observen día a día.
A su vez, el presidente Sebastián Piñera viajó a la región para anunciar la formación de una fuerza policial antiterrorista destinada a prevenir y combatir ese tipo de acciones.
No obstante, la principal demanda de los parlamentarios oficialistas y empresarios de la zona es aplicar un estado de excepción o de emergencia, al que de momento el Gobierno ha evitado recurrir.
Nuevos ataques. El sábado, un camión fue interceptado e incendiado, por cuatro encapuchados, en un camino interior de la zona poblada por mapuches.
En otra acción, varios encapuchados también atacaron una hacienda, donde quemaron dos galpones que guardaban maquinaria agrícola. El mismo grupo, según la información policial, habría intentado quemar un puente cercano.
La etnia mapuche demanda tierras que consideran suyas desde tiempos ancestrales, con empresarios agrícolas y forestales en esa región, en un conflicto permanentes desde la década de los 90.
Muchos de los empresarios son descendientes de colonos a los que el Estado chileno entregó tierras para poblar y hacer productivas vastas zonas del sur del país .
Los últimos gobiernos intentaron responder a las demandas indígenas con la compra de tierras y su entrega a comunidades mapuches.
Algunos grupos, sin embargo, han recurrido a la violencia.
