México. (AFP). La decisión del presidente Felipe Calderón de lanzar a los militares mexicanos a la lucha antidroga, a la que se culpa de más de 50.000 muertos, podría costar el poder a su partido, aunque los candidatos a sucederlo no se atreven a plantear alternativas, sostienen analistas.
En una sociedad atemorizada por la violencia, principal preocupación de los mexicanos según las encuestas, los candidatos han pasado prácticamente de largo el tema, y palabras como "cartel", "capo" o "narcotráfico", no aparecen en sus discursos.
Las matanzas se han vuelto cotidianas. En la mayor de ellas, en agosto del 2010, 72 migrantes murieron a manos del cartel de los Zetas cerca a la frontera con Estados Unidos.
Cadáveres decapitados o descuartizados son abandonados a la vista pública. De 2.800 asesinados anuales en el 2007 se pasó a más de 12.000 en el 2010.
El Gobierno dejó de revelar cifras en setiembre cuando el conteo llegaba a 47.500 muertos. Estimativos de prensa coinciden en que este año superara los 60.000.
La mayoría se atribuyen oficialmente a disputas entre carteles. "Las luchas internas por hacerse a nuevos liderazgos son la principal causa", señala Alejandro Poire, secretario de gobernación (ministro del interior).
Pero, al mismo tiempo, organismos como Amnistia Internacional y el movimiento del poeta católico Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado por traficantes, denuncian violaciones a los derechos humanos dado que muchas víctimas son totalmente ajenas al crimen y que aumentan las desapariciones (5.000) y torturas, atribuidas a policías y militares.
Ninguno candidadato "tiene claro qué hacer, sus propuestas van en el mismo sentido: crear una policía nacional. Pero más allá, no tienen claridad", resume el experto en políticas públicas José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
Unos 79,5 millones de mexicanos podrán elegir el domingo entre la continuidad del conservador Partido Acción Nacional (PAN), con Josefina Vázquez; el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que dominó la política mexicana durante 71 años hasta 2000, con Enrique Peña Nieto, o la coalición de izquierda que representa Andrés Manuel López Obrador, derrotado en 2006.
El presidente Calderón instó el martes a quien le suceda a mantener el combate al crimen con "determinación" y señaló que si algún legado deja su administración es que "los criminales ya no actúen impunemente".
Tras ganar la presidencia por menos del 1% ante López Obrador, Calderón anunció en diciembre de 2006 el despliegue de unos 80.000 militares y policías federales en operaciones contra los carteles, una decisión fuertemente cuestionada.
El despliegue militar permitió capturar a 22 de los 37 capos más buscados, pero no frenó el aumento de los crímenes en número y brutalidad.
Javier Oliva, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que esa militarización de la lucha antidroga oculta la falta de un plan elaborado.
"Se ha reemplazado la estrategia por el uso de una táctica de confrontación. No hay claridad en los propósitos: no hay trabajo de inteligencia, no hay prevención", señaló a la AFP.
Pese a los cuestionamientos y lo impopular de la decisión de Calderón, ningun aspirante se muestra dispuesto a reversarla. En marzo, el vicepresidente estadounidense Joe Biden se reunió con los tres principales candidatos y dijo que todos se comprometieron a mantener la ofensiva antidroga.
El candidato del PRI, favorito en las encuestas, ha desmentido insinuaciones de políticos y analistas estadounidenses de que su partido buscaría pactar con los carteles.
Peña Nieto ha propuesto crear una gendarmería que asuma la tarea antidroga y anunció que un policía colombiano, el general Oscar Naranjo, hombre de confianza de Washington, será su asesor contra los carteles.
Por su parte, López Obrador guarda silencio frente al rol militar y prefiere señalar que su prioridad será reducir la pobreza y desempleo que empujan a millones de jóvenes a la violencia.
"El dolor de las víctimas de la violencia es mayor, ante su indiferencia (...) ustedes no pueden evadir su responsabilidad", cuestionó el poeta Sicilia en un encuentro con los candidatos el 28 de mayo.
Sicilia lidera un movimiento de víctimas que pide tratar el problema de la droga como de salud pública y no como una guerra.
El despliegue militar permitió capturar a 22 de los 37 capos más buscados, pero no frenó el aumento de los crímenes en número y brutalidad.