La Paz, Bolivia
El gobierno de Bolivia puso en vigencia este jueves una nueva ley minera que otorga al Estado mayor control y que convertirá a los mineros independientes en productores de primera categoría, según dijo el vicepresidente Alvaro García.
García se refirió a la nueva norma jurídica en la víspera en el acto de promulgación, donde afirmó que a ley tiene "olor a minero, olor a socavón y ya no expresa intereses de empresas privadas".
Los mineros independientes serán "productores de primera categoría" y accederán a "vetas importantes", dijo el vicepresidente.
La nueva legislación recibió críticas de agricultores por el acceso irrestricto a fuentes de aguas y se quejaron que contaminarán, junto con afirmar que favorece a los mineros independientes que son aliados del presidente Evo Morales.
Esos mineros, asociados en cooperativas que ellos administran con poco capital y precaria tecnología, son más de 110.000, y representan el 90% de la fuerza laboral del sector y cuentan con gran poder de movilización social.
Dos mineros murieron tras enfrentarse a dinamitazos con la policía en abril para exigir que el Legislativo no modifique la norma que habían concertado con el gobierno. La disputa costó el cargo al ministro de Minería, Mario Virreira.
Las exportaciones mineras bajaron al tercer lugar el año pasado después del gas y la agroindustria por el declive en las cotizaciones.
Los mineros independientes exportaron estaño, plomo, plata y zinc por 1.780 millones de dólares, el 58% de las exportaciones mineras de 2013, superando a la japonesa Sumitomo, el magaproyecto más grande el país.
El Estado controla en 2% de la producción total, los mineros independientes el 23%, el 75% está en manos de cuatro transnacionales, entre ellas la estadounidense Coeur d Alene Mines Corp y la suiza Glencore.
El profesor universitario de ciencia política Róger Cortez dijo a la AP que las buenas cotizaciones de los últimos 10 años sacó a muchos mineros independientes de la pobreza y son una burguesía emergente de origen sindical y rostro indígena que controla el poder económico y político y son la base social de Morales.
La ley les mantiene privilegios impositivos y les exime de pagar compensaciones ambientales, dijo el experto Marco Gandarillas.
El Estado puede revertir la mina entregada a los mineros por razones ambientales, alegó el ministro de Minería, César Navarro.
Gran parte de los deshechos mineros van a parar a ríos, lagos y quebradas provocando problemas al medio ambiente y los controles son débiles a pesar de que el gobierno defiende a la Pachamama (Madre Tierra) , según ambientalistas.
La ley acentúa la tendencia primario-exportadora del país, según Gandarillas.
A nivel internacional la minería boliviana "es de talla menor, está dominada por una actividad informal de pequeña escala" y la ley no toca los problemas de fondo como "falta de inversión, baja productividad, agotamiento de reservas y ausencia de exploración", dijo el investigador en temas mineros Henry Oporto.
En los últimos años el avasallamiento de minas ha convertido al rubro en el más inseguro para inversiones y " mientras la ingobernabilidad siga no hay futuro promisorio " para la minería, comentó Oporto.
La semana pasada tres mineros murieron tras enfrentarse a tiros por la posesión de un rico yacimiento de oro en un río entre las montañas al noreste de La Paz.