Washington. (AFP). El presidente estadounidense, Barack Obama, defendió este jueves a su gobierno, envuelto en varios escándalos en los últimos días, que han sido aprovechados por la oposición republicana para arremeter contra la Casa Blanca.
En una rueda de prensa tras reunirse con el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, Obama buscó apagar los fuegos que han puesto a su administración en una situación complicada y han llevado a los republicanos a acusar a la Casa Blanca de abuso de poder.
El presidente aseguró no haber tenido conocimiento sobre los abusos por parte de funcionarios del organismo impositivo contra grupos conservadores hasta que el informe sobre el caso se filtró a la prensa la semana pasada.
"Puedo decirles que no estaba al tanto de nada en relación a ese informe de la inspección general de los servicios fiscales (que protagonizó esos hechos, ndlr) antes de las filtraciones a la prensa", dijo el mandatario.
En una primera medida para disminuir la polémica, Obama había anunciado el miércoles el despido del jefe de la agencia fiscal estadounidense debido a la investigación que esa oficina hizo a grupos conservadores.
El escándalo estalló cuando se supo que los funcionarios que controlaban las aplicaciones de la exención fiscal se centraron en grupos conservadores señalados con nombres o frases como "Tea Party" o "Patriotas", vinculados al Partido Republicano, que se esperaban plantearan feroz oposición a Obama.
Obama también se refirió a las polémicas escuchas a periodistas , al advertir que las filtraciones sobre seguridad nacional pueden costar vidas, en una defensa de la investigación de su administración para identificar a quienes revelaron información secreta.
No obstante, el mandatario concedió que es importante hacer un balance entre seguridad y la libertad de expresión, en una alusión a las críticas desencadenadas por la intervención de los archivos de llamadas telefónicas de la agencia de prensa Associated Press por parte del departamento de Justicia.
El miércoles Obama presentó un proyecto de ley que permitiría a los periodistas y sus empleadores no revelar el nombre de las fuentes a las que le prometieron confidencialidad.