Berlín. EFE. Argentina y Ghana mantuvieron sus posiciones divergentes sobre la fragata Libertad, inmovilizada en el puerto ghanés de Tema a petición de un fondo de inversión, en la segunda y última vista pública celebrada ayer ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo.
El presidente del Tribunal, el japonés Shunji Yanai, emplazó a las partes a escuchar su decisión, el 15 de diciembre, tras atender sus respectivas argumentaciones ayer, sin visos de acercamiento respecto a la posición inicial.
Por la parte argentina, la consejera legal de Cancillería, Susana Ruiz Cerutti, quien encabeza la representación del país ante el tribunal, insistió en que les resulta un “misterio” tanto la motivación de Ghana para proceder a un embargo de facto del navío como las explicaciones dadas ante la Corte.
“Su postura está en flagrante disparidad con la Convención y el Derecho del Mar”, indicó Ruiz.
Argentina defiende que un buque militar, como es el buque escuela de su Armada, no es embargable, conforme a la Convención de la ONU del Derecho del Mar.
En su turno de respuesta, su homólogo ghanés, Ebenezer Appreku, insistió en que su país no puede levantar ni derogar la orden emitida en su momento por un juzgado de Accra, motivo por el que la fragata quedó retenida el 2 de octubre.
Ghana, como el día anterior, basó su argumentación tanto en la independencia del poder judicial frente al político como en que no hay razones de inminencia para atender al pedido de Argentina de liberación inmediata, sino que debe esperarse a lo que resuelva el juzgado sobre la petición de embargo.
Así, ambas partes se separaron reiterando su exigencia de liberación inmediata (Argentina), mientras que Ghana insistió en su rechazo a esa solicitud y pidió al Tribunal que ordene a Buenos Aires a pagar los gastos del caso.
La fragata Libertad quedó inmovilizada en Ghana por una demanda de los fondos NML Capital para el pago de bonos soberanos que se instruye en Nueva York, pendiente desde finales del 2001.
Este litigio discurre junto al conflicto judicial entre Argentina y esos fondos, que no aceptaron sumarse en su día a las reestructuraciones de deuda y que Buenos Aires califica de especulativos.