EscucharBuenos Aires
El gobierno argentino anunció el pasado lunes el hallazgo de documentación de la última dictadura militar (1976-1983) elaborada por los comandos de las Fuerzas Armadas. El material fue encontrado en el subsuelo del edificio Cóndor, sede del comando de la Fuerza Aérea, el 31 de octubre pasado.
Los documentos incluyen listas negras de personalidades de la cultura, la venta de la única proveedora de papel de diario a los periódicos de mayor circulación, directivas sobre el uso del término "desaparecidos" y hasta un plan para perpetuarse en el poder hasta el año 2000.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, informó a la prensa sobre el hallazgo de 280 actas originales de la junta militar que gobernó el país entre 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
La Junta Militar estaba integrada por los jefes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea que tenían reuniones periódicas para discutir las cuestiones cruciales del régimen, que según organismos de derechos humanos asesinó a 30.000 disidentes. Las cifras oficiales indican que fueron la mitad.
"No tenemos dudas que la información tiene un valor histórico relevante. La justicia decidirá si esta documentación tiene a su vez valor jurídico para las distintas causas que se están llevando adelante", dijo Rossi.
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Fotografía cedida por el Ministerio de Defensa argentino que muestra parte de la documentación encontrada en el hallazgo de nuevos documentos del último régimen dictatorial (1976-1983), entre ellos las actas secretas completas de la junta militar. (EFE)
El contenido de estos encuentros y la postura de cada uno de los comandantes sobre distintas cuestiones quedaron plasmados en más de 200 actas, indicó Rossi.
Una de ellas incluye la llamada "lista negra" con los apellidos de 331 intelectuales, artistas y periodistas clasificados por los militares de acuerdo con su nivel de peligrosidad.
Entre ellos figuraban los actores Norma Aleandro, Héctor Alterio, Federico Luppi, el escritor Julio Cortázar, la cantante Mercedes Sosa y la cantautora María Elena Walsh, entre otros. Los tres últimos ya fallecieron.
Según el ministro de Defensa, el material también reveló que los comandantes tenían especial interés en la operación de transferencia de acciones de la empresa Papel Prensa —en ese entonces la única proveedora de papel de diario en el país— a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.
Los militares trataron en varias reuniones el arresto de los herederos del banquero David Graiver, dueño de Papel Prensa S.A, al mismo tiempo que decidían sobre el futuro de la compañía, según consta en 13 actas que van de septiembre de 1976 a diciembre de 1977.
La justicia investiga si la venta de la mayoría del 51% de las acciones de Papel Prensa en manos de los herederos de Graiver a los diarios de mayor circulación del país fue bajo coacción y amenazas. La denuncia fue impulsada hace cuatro años por la presidenta Cristina Fernández, en el marco de la disputa que mantiene con el Grupo Clarín.
La viuda de Graiver, Lidia Papaleo, declaró ante la justicia que fue secuestrada y amenazada de muerte para desprenderse de las acciones en su poder.
En otras actas se hace referencia a las instrucciones de los comandantes para acordar la cuestión de los "desaparecidos" ante los medios de comunicación y los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.
Rossi destacó otros dos hallazgos entre el material: la hipótesis de un plan de gobierno de la junta militar que incluía una primera parte fundacional hasta la década de 1990 y una segunda parte denominada "Nueva República" hasta el 2000.
También incluye una comunicación de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA) sobre aportes al "esquema de proyecto" de los militares y que según Rossi demuestra la complicidad de sectores civiles en el golpe de Estado de 1976.
