El jueves, la presidenta del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, Cárol Patricia Flores, dijo que, por apelaciones pendientes previas al proceso, se anulaba el juicio iniciado un mes atrás y se retrotraía todo hasta noviembre de 2011.
En las cuatro semanas del proceso, un centenar y medio de testigos y peritos revelaron detalles macabros perpetrados contra la población de origen maya entre 1982 y 1983, el momento más virulento de la guerra civil de 36 años que dejó 200.000 muertos y desaparecidos según Naciones Unidas.
Reacción. Ayer, la magistrada encargada del debate oral y público por genocidio, Jazmín Barrios, rechazó el fallo de Flores al considerarlo “ilegal” y dijo que acudirá a la Corte de Constitucionalidad (CC), para presentar un amparo.
“Ningún funcionario público es superior a la ley”, dijo Barrios.
La fiscala general, Claudia Paz, también calificó de “ilegal” la actuación de la jueza pues, dijo, “está completamente alejada del cumplimiento de lo ordenado por la CC”, que pidió ampliar una resolución de la fase intermedia (previa al juicio) y no suspender el proceso.
Pese a la decisión de ayer, Ríos Montt permanecía detenido ya que se estima que la semana próxima la Justicia podría resolver el recurso pendiente y ordenar que comience a prepararse un nuevo juicio.
Sin embargo, un fallo de la CC puede ordenar que se continúe donde quedó entrampado el caso y no sería necesario reiniciarlo.
Ríos Montt, quien gobernó entre 1982 y 1983, y el exjefe de inteligencia militar, José Rodríguez, eran juzgados por la masacre de 1.771 indígenas ixiles. Los defensores sostienen que no hubo genocidio, al argumentar la inexistencia de órdenes y definir la guerra como un conflicto de indígenas porque tanto guerrilleros como soldados eran descendientes de mayas.
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