Washington. EFE. Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y activistas como el periodista colombiano Hollman Morris advirtieron ayer del riesgo de “cortarle las alas” a la CIDH y “condenarla a la irrelevancia”.
Asimismo, urgieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) a respetar la independencia de la Comisión durante el proceso para reformarla .
En dos sesiones extraordinarias del Consejo Permanente de la OEA, unos 40 activistas, organizaciones y víctimas de derechos humanos se pronunciaron sobre el cambio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , en el que muchas de ellas ven un intento disfrazado de limitar la autonomía de la entidad.
“Si los Estados intentaran imponer reglas y límites a una institución que crearon independiente, la estarían condenando a la irrelevancia y negando a los habitantes de las Américas la Justicia que buscan”, advirtió Renzo Pomy, de AI, al comenzar la primera sesión.
Pomy consideró que el sistema continental de derechos humanos es “el orgullo de las Américas” y alertó que “cualquier intento de reabrir el estatuto de la CIDH afectará a su independencia”.
En la cita, un grupo de organizaciones entregaron un documento en defensa de la Comisión, con casi 3.200 firmas, entre ellas las de los expresidentes colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, el exmandatario peruano Alejandro Toledo, así como el ecuatoriano Rodrigo Borja.
El poeta mexicano Javier Sicilia, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro; la activista guatemalteca Helen Mack y la escritora nicaraguense Gioconda Belli, entre otros, suscribieron el texto.
El escrito, al cual tuvo acceso EFE, pide a la OEA un debate “transparente”, que “considere especialmente la voz de las víctimas” y “garantice” de hecho y legalmente la autonomía del ente.
En concreto, a los activistas les preocupa la posibilidad de que se complique el proceso para otorgar medidas cautelares –emitidas por la Comisión para proteger a víctimas en casos de urgencia–.
También temen que se recorten los fondos a la Relatoría para la Libertad de Expresión, cuestionada por países como Venezuela y Ecuador.