Las compañías azucareras centroamericanas han estado renuentes a abrir sus puertas a investigadores externos de la salud . Quienes impulsan la medida creen que la industria teme que se designe al mal como una enfermedad ocupacional.
Tal resistencia se ablandó en la plantación del Ingenio San Antonio de Nicaragua Sugar, donde un equipo de la Universidad de Boston está trabajando.
Pero la industria tradicionalmente ha prohibido el acceso de científicos independientes a la propiedad, a los empleados o a los archivos de las compañías.
Aurora Aragón, especialista de la Universidad de León en Nicaragua, dijo que en el 2004 investigadores de una ONG internacional llamada Saltra pidieron a las principales compañías azucareras de Nicaragua colaborar en un estudio sobre seguridad ocupacional. Dijo que el Ingenio San Antonio y el Ingenio Monte Rosa ignoraron la petición.
En el 2007, dijo Aragón, el Ingenio San Antonio rechazó otra solicitud. “Ninguna compañía azucarera nos dio permiso para estudiar el problema”, aseveró.
Mario Amador, vocero del gremio de la industria azucarera nicaraguense que representa plantaciones a las que Saltra formuló la solicitud, dijo que la industria ha permitido estudios a cargo de médicos, estudiantes de medicina y autoridades sanitarias, pero que tiene que ser precavida a la hora de compartir información con personas de fuera.
“Gente con malas intenciones ha tratado de relacionar la IRC con trabajo en la industria azucarera, porque esta industria fue la primera en encontrar altas tasas de IRC en la fuerza laboral que llegaba a las plantaciones a pedir trabajo”, señaló Amador. “Es debido a estos constantes ataques que las plantaciones y su personal se cuidan respecto a la información que suministran a cualquier persona o institución”.
Los productores centroamericanos tienen un papel importante en el negocio azucarero global. En el 2011, Estados Unidos importó más de 330.000 toneladas métricas de azúcar de la región, que representan el 23% del total de las importaciones de azúcar cruda.
Más allá de la mesa de la cocina, el Gobierno de los Estados Unidos ha promovido vigorosamente la industria azucarera –en las áreas afectadas por la epidemia– como una fuente de biocombustibles del etanol. Estados Unidos financió reuniones para promover biocombustibles tanto en Nicaragua como en El Salvador en el 2008, de acuerdo con cables de las embajadas dados a conocer por WikiLeaks.
Sus embajadores se reunieron repetidamente con los líderes de las industrias azucareras de ambas naciones y temían que el fracaso en desarrollar la producción de etanol empujara a estas naciones a depender de las importaciones de petróleo de la Venezuela de Hugo Chávez.
En el 2007, el entonces embajador Paul Trivelli notificó al Departamento de Estado sobre el primer embarque de etanol del Ingenio San Antonio y escribió que la compañía había adoptado “el potencial para desarrollar la industria y los aspectos positivos de los biocombustibles”.
Pero expresó preocupación respecto a que el presidente izquierdista de Nicaragua, Daniel Ortega, pudiera ser influenciado por la oposición del presidente venezolano, Hugo Chávez, a los biocombustibles.
Al año siguiente, Trivelli escribió que el Departamento de Estado había designado a Nicaragua como un país de alta prioridad para biocombustibles. La embajada en El Salvador, el vecino al norte de Nicaragua, también promovió vigorosamente el etanol.
El Banco Mundial, mientras tanto, ha suministrado más de $100 millones en préstamos para promover la producción de biocombustibles en dos plantaciones altamente afectadas y que aprobó sin un análisis formal de la enfermedad de los riñones. Después de que trabajadores se quejaran, el Banco donó $1 millón para patrocinar el estudio en marcha de la Universidad de Boston.
Antes de recibir los préstamos, las compañías necesitaban asegurar al Banco que cumplían con las normas sociales y ambientales. Equipos de evaluación publicaron elogiosas valoraciones de las prácticas en los ingenios San Antonio y Monte Rosa en setiembre del 2006 y mayo del 2007. Ninguna mencionó la IRC.
En octubre del 2006, la junta directiva de la Corporación Financiera Internacional (IFC) –la prestamista del Banco Mundial para proyectos del sector privado– aprobó un crédito por $55 millones para el Ingenio San Antonio. Un préstamo por $50 millones se aprobó para Monte Santa Rosa en junio del 2007.