Por: Ricardo González 15 marzo, 2015

El 10 de marzo, el Ministerio de Hacienda inició el trámite de consulta a los grupos políticos, a los diferentes sectores gremiales y a la población en general, en cuanto a la propuesta de reforma de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas y de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Es una nueva oportunidad para insistir en uno de los aspectos esenciales de cualquier reforma fiscal moderna: la necesidad de promover los impuestos progresivos y reducir los regresivos. Pero, ¿de qué se trata esta distinción y en qué afecta a los contribuyentes?

Una forma de distinguir ambos tributos es considerar que los progresivos son aquellos cuya tasa de tributación o tarifa aumenta en la medida en que crece el ingreso del contribuyente, con lo cual quien más ganancias obtiene tendría que pagar un porcentaje mayor de impuestos.

Así, en el caso del impuesto de renta para las personas físicas con actividades lucrativas, actualmente existen cinco tramos diferentes, que van desde no pagar nada, si es que los ingresos no superan el mínimo exento, hasta tener que abonar el 25% de las ganancias, si es que los ingresos del contribuyente resultan muy cuantiosos. Este sistema de tramos y porcentajes se mantiene en el proyecto, con variaciones cuantitativas.

Por el contrario, los impuestos regresivos son los que no toman en cuenta la particular capacidad económica de cada contribuyente, sino que imponen un mismo porcentaje para todos y con ello se afecta en mayor proporción a las personas que reciben menos ingresos.

Es el caso del impuesto de ventas. Si una persona que gana ¢200.000 y compra un artículo cuyo impuesto de ventas es de ¢20.000, habrá pagado por dicho tributo el 10% de sus ingresos mensuales. Si el mismo artículo es comprado por una persona que percibe ganancias de ¢2 millones, entonces el impuesto de ventas representará apenas el 1% de sus ingresos mensuales.

El tributo afecta en mayor medida a la persona que menos ingresos tiene.

El problema de la progresividad o regresividad de los impuestos es entonces un asunto de equidad, de justicia tributaria y de capacidad contributiva.

En el caso de los contribuyentes, la regla debería ser que cada uno pague en la medida de sus posibilidades y en proporción a sus ingresos.