Monto puede ser mayor si se suman 30% por daño social y cobro de intereses

 4 julio, 2014

De los 27 casos activos de delitos tributarios, denunciados por la Dirección General de Tributación (DGT), en los últimos 14 años, solamente uno ha llegado a juicio, debido a la rigurosidad de las normas penales, reporta el Ministerio de Hacienda.

Esos casos acumulan una presunta defraudación que equivale a poco más de ¢28.000 millones. Si todos esos procesos se conciliaran y se les sumara el 30% del cobro del daño social generado, que exige la Procuraduría, el monto recuperado por el Estado ascendería a ¢36.000 millones.

El monto, presuntamente defraudado, en todas las denuncias de la Dirección General de Tributación, equivale al 14% de todos los ingresos tributarios del Gobierno Central, en mayo del 2014. | ARCHIVO/LUIS NAVARRO
El monto, presuntamente defraudado, en todas las denuncias de la Dirección General de Tributación, equivale al 14% de todos los ingresos tributarios del Gobierno Central, en mayo del 2014. | ARCHIVO/LUIS NAVARRO

Sin embargo, en la administración de Laura Chinchilla se emitió una directriz que impedía a la Procuraduría (abogado del Estado) llegar a acuerdos de pago, mandato que fue eliminado por el gobierno de Luis Guillermo Solís, por considerarlo ilegal.

Para el procurador penal, José Luis Castro, el problema jurídico de la directriz derogada consiste en que hay normas de rango superior que dan el derecho de conciliar a las partes del proceso.

Al eliminar tal obstáculo, Solís confirma la posibilidad de que el Estado obtenga esos fondos, pero queda a discreción de la Procuraduría si concreta tales acuerdos.

Cheque jugoso. A manera de referencia, los ¢36.000 millones equivalen al 14% de los ingresos tributarios recaudados por el Gobierno Central, en mayo del 2014. Pero el dinero que se obtenga por la vía conciliatoria puede ser aún más.

Al monto se le debe sumar, por ley, el cobro de los intereses desde el momento en que se debieron honrar los tributos, en cada uno de los casos denunciados.

Además, el cálculo no considera las denuncias interpuestas por la Dirección de Aduanas y la Policía Fiscal, cuyo monto, presuntamente defraudado, no fue proporcionado por Hacienda.

Junto con las de la DGT, hay un total de 440 denuncias presentadas por todos esos órganos, que podrían llegar a conciliarse.

Para el ministro de Hacienda, Helio Fallas, la conciliación puede ser una opción para acelerar el conocimiento y resolución de los casos en sede penal, donde el Estado muestra poco éxito en procesos judiciales.

Camino más corto. Si algo tienen en común todos esos procesos iniciados, es la baja probabilidad de que un juez eleve las causas a juicio, para llegar a una sentencia.

Tal tendencia se explica, según José Luis Castro, en que los procesos penales tienen como fin imponer un castigo excepcionalmente duro a un ciudadano y, por eso, sus exigencias jurídicas en el sistema costarricense son muy rigurosas.

Por este motivo, él considera válido permitir el arreglo entre partes, para que el Estado recupere el dinero perdido junto con los intereses y el daño social generado por los infractores.

Para el especialista en Derecho Tributario, Diego Salto, también es deseable que el Estado recupere los fondos, pero sin perdonar lo que deben pagar los denunciados.

“Me parece que cuando se concilia, se está condonando total o parcialmente una obligación tributaria. Por ejemplo, Tributación presenta una denuncia ante el Ministerio Público y, luego se concilia. Si se dice que la defraudación fue por ¢50 millones, pero que con el pago de ¢10 millones se desestima la causa, ahí estamos en presencia de una condonación implícita”, sostuvo Salto.

La condonación no es admitida por la ley.