Por: Óscar Rodríguez 21 mayo, 2016
Guillermo Hernández, exfiscal especializado en lucha contra el lavado de dinero, consideró exagerado reducir el monto de $10.000 a $1.000.
Guillermo Hernández, exfiscal especializado en lucha contra el lavado de dinero, consideró exagerado reducir el monto de $10.000 a $1.000.

Las transferencias electrónicas al extranjero de $1.000 o más deberán ser justificadas por los clientes bancarios y registradas por las entidades financieras.

Actualmente, este requisito solo se aplica en los casos de envíos superiores a los $10.000.

Sin embargo, la reforma a la Normativa para el Cumplimiento de la Ley 8.204 establece ahora el resguardo electrónico de la información, por parte de los bancos, para cumplir con las disposiciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Javier Cascante, superintendente general de entidades financieras, dijo que el cambio se promueve para respetar recomendaciones internacionales.

“Nosotros más bien estábamos, con los $10.000, muy por encima de lo recomendado”, enfatizó Cascante.

Sin embargo, Guillermo Hernández, exfiscal especializado en la lucha contra el lavado de dinero, consideró exagerada la reducción del monto para registrar las operaciones electrónicas al exterior.

“El tema aquí es que la Ley 8.204 establece solo el umbral de $10.000”, enfatizó Hernández.

Annabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos, dijo que los bancos solicitan a sus clientes una breve descripción del origen de los recursos.

“La diferencia ahora es sobre la documentación de respaldo que se solicita a las entidades financieras”, aseguró Ortega.

Por otra parte, Mario Gómez, abogado de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), consideró que los cambios propuestos en el nuevo reglamento buscan evitar que, por el sistema financiero local, se movilicen recursos ilícitos.

Para Gabriela Burgués, abogada especialista en Derecho Bursátil y Financiero, los bancos podrán actuar y cerrar cuentas contra los clientes que se nieguen a brindar información. “No solo deben actuar cuando hay sospecha de lavado, también ante negativas de clientes”, manifestó Burgués.