Hacienda justifica que herramienta es vital para luchar contra la evasión

Por: Patricia Leitón 28 diciembre, 2015
Helio Fallas, ministro de Hacienda, explica la situación fiscal en la Comisión de Asuntos Hacendarios. A su lado los diputados liberacionistas, Rolando González, Paulina Ramírez y Olivier Jiménez. | MAYELA LÓPEZ/ARCHIVO
Helio Fallas, ministro de Hacienda, explica la situación fiscal en la Comisión de Asuntos Hacendarios. A su lado los diputados liberacionistas, Rolando González, Paulina Ramírez y Olivier Jiménez. | MAYELA LÓPEZ/ARCHIVO

La creación de un registro centralizado de accionistas que contenga a los beneficiarios finales de las sociedades, trabó la discusión del proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal.

El ministro de Hacienda, Helio Fallas, y el viceministro encargado de ingresos, Fernando Rodríguez, explicaron que tras año y cuatro meses de discusión, se han logrado acuerdos.

Pero uno de los puntos que faltaba por negociar era el acceso de Tributación a información de las empresas, para lo cual se negoció una moción, la 202, que presentaron el 24 de noviembre pasado nueve diputados de cinco fracciones.

Dicha moción establece: “Se faculta a la Dirección General de Tributación para que cree un registro de accionistas y beneficiarios finales de todo tipo de entidad y persona jurídica, así como requerir la información de personas físicas y jurídicas deducida de las relaciones económicas, financieras y profesionales, con otras personas...”.

Objeción del sector privado. El 8 de diciembre pasado, las cámaras de Industrias, Comercio Exterior, Industria Alimentaria y de Agricultura, enviaron una carta a la Comisión en la cual se oponen a esta disposición.

Argumentan que el objetivo que busca el Gobierno, de asegurar el acceso a la información del registro de accionistas es supuestamente esencial dentro de las evaluaciones que tendrá el país en su ingreso a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

No obstante, añaden, la potestad de Tributación de tener acceso a la información del registro de accionistas ya se encuentra en la legislación vigente.

Rodríguez especificó que si bien esta facultad ya existe en el artículo 105 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se ha querido cuestionar con la Ley de Protección de Datos.

“Si más empresas, si más negocios me van a decir me voy a amparar en la Ley de Protección de Datos para no entregar información, acaban con la Administración Tributaria, y eso es lo que está defendiendo esto”, opinó.

El presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff, manifestó, además, que la información sería administrada por instancias de demostrada vulnerabilidad.

Rodríguez señaló que no existe en el mundo una base de datos que no sea vulnerable, pero que hasta ahora ningún hacker ha ingresado a sus bases y tienen planes para mejorar la seguridad.

El diputado de Liberación Nacional Rolando González explicó que enviaron una consulta a la OCDE para saber si se requiere o no un registro centralizado de accionistas para cumplir con los requerimientos para ingresar a la organización.

Rodríguez informó que ya tienen la respuesta de la OCDE, pero la darán a conocer primero a los diputados.

El asesor tributario de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), Alan Saborío, explicó que una vía para salir del conflicto es perfeccionar los registros de accionistas que ya tienen actualmente las sociedades, que tienen algunas dificultades.

Esto se lograría creando un nuevo artículo en el Código de Comercio que establezca la obligación de que las sociedades, en sus registros de accionistas, identifiquen los beneficiarios finales.

Además, con una reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios en la que se sancione a las sociedades que no tengan disponible la información y otra que defina que Tributación tendrá acceso directo a la información en dos casos: cuando haga una fiscalización o cuando así lo requiera otro país por medio de un convenio de intercambio de información.

El viceministro dijo que tendrían que estudiar la propuesta, pero la sanción debería ser fuerte y la información debería estar disponible en pocas horas.