MEP requiere que Hacienda defina si se usará Mer-Link o CompraRed

Por: Patricia Leitón 29 julio, 2014

Desde marzo pasado las juntas de educación y administrativas tienen la facultad para hacer sus adquisiciones por medio del sistema unificado electrónico de compras públicas; no obstante, hasta ahora solo una de las 4.442 que existen, utiliza el mecanismo.

Estas entidades son las encargadas de comprar los bienes y servicios de los centros educativos, y de mejorar y hacer nueva infraestructura.

En el 2013 el Ministerio de Educación les transfirió ¢165.962 millones, un 12% de su presupuesto para obras y compras.

El sistema electrónico es una herramienta que les permitiría tener acceso a más proveedores, mejores precios y hacer más transparentes sus compras.

Empero, las juntas afrontan varios obstáculos para utilizarlo, entre ellos, la falta de definición de una plataforma para hacer las adquisiciones, necesidad de capacitación y un perfil actualizado para orientar el apoyo.

Por esta razón, solo la Junta de Educación del Colegio Técnico Profesional de Ulloa, en Heredia, usa el mecanismo.

Herramienta. Hoy las juntas realizan sus compras mediante trámites en papel, pese a que existen dos plataformas para hacerlo por la vía electrónica: Mer-Link, del Instituto Costarricense de Electricidad, y CompraRed, del Ministerio de Hacienda.

Tras varios años de discusión, el gobierno de Laura Chinchilla definió mediante el decreto publicado el 23 de setiembre de 2013, en La Gaceta, que Mer-Link es la plataforma para el sistema único.

Además, el Gobierno anterior publicó el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, el 14 de marzo de 2014, mediante el cual se facultó a las juntas a usar el sistema, e inició el plan para capacitarlas.

Sin embargo, el nuevo ministro de Hacienda, Helio Fallas, frenó el proceso para estudiar si se usará o no un sistema único y con cuál plataforma tecnológica.

El jerarca solicitó un informe a funcionarios de Hacienda, el cual ya recibió y ahora debe estudiar, informó el 23 de julio anterior.

Las nuevas autoridades del Ministerio de Educación (MEP) consideran que el mecanismo puede ayudar a las juntas, pero están a la espera de que Hacienda defina la plataforma, informó Miguel Gutiérrez, viceministro de Planificación Institucional de esa cartera.

El alumno de sexto grado de la Escuela Abraham Lincoln, Jarold Rafael Méndez, usó la ‘pupipizarra’ comprada por la Junta de Educación. | GABRIELA TÉLLEZ
El alumno de sexto grado de la Escuela Abraham Lincoln, Jarold Rafael Méndez, usó la ‘pupipizarra’ comprada por la Junta de Educación. | GABRIELA TÉLLEZ

“En la medida en que el sistema que se utilice potencie las fortalezas y la transparencia en la administración de los fondos públicos, todo eso sería bienvenido”, añadió.

Algunas juntas no conocen que tienen esta facultad, pero al saberlo mostraron interés por utilizarlo. Así lo expresó Rosario Siles, presidenta de la Junta de la Escuela Abraham Lincoln, de Alajuelita, la cual construyó una clínica dental y compró “pupipizarras”.

Otras juntas sí conocen el mecanismo, pero están a la espera de que Educación les dé luz verde.

“Interesados estamos, pero todavía no está el reglamento para saber cuál es el procedimiento”, expresó Mario Meneses, de la Junta de Educación de la Escuela República de Haití, en San Sebastián.

Isabel Román, coordinadora del Estado de la Educación, explicó que si bien el mecanismo de compras públicas electrónicas puede ayudar, hay también que resolver otros problemas como la composición de las juntas y la ausencia de una política de infraestructura de mediano y largo plazo.

Por ejemplo, en la composición de estos órganos hay una gran diversidad en cuanto a la experiencia y escolaridad de la gente y el Ministerio no tiene un perfil actualizado de ellas que le permita orientar el apoyo, señaló la investigadora.

Advertencias. Tanto la Contraloría General de la República como el Estado de la Educación han llamado la atención sobre el uso los dineros que administran estos grupos.

En un informe del 28 de setiembre del 2012, la Contraloría señaló: “Existen problemas en el control de la ejecución efectiva de los recursos que se asignan a las juntas, lo que provoca que muchos de esos recursos permanezcan ociosos”.

En otro, del 28 de junio del 2013, alertó de que la aprobación de los precios de las adendas a los contratos la realizan funcionarios del Departamento de Ejecución y Control que tienen a cargo la inspección de las obras, situación que conlleva un riesgo de colusión y de admisión de precios inaceptables.

“Según un informe de la CGR del 2006, el manejo financiero de los recursos transferidos a las juntas se desarrolla en un ambiente de débiles controles, tanto por parte de las oficinas centrales como por las direcciones regionales del MEP”, señaló, en el 2010, el Estado de la Educación.

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