Por: Patricia Leitón 24 noviembre, 2016

Analistas coinciden en que el proyecto de Ley de Impuesto sobre la Renta que está en la Asamblea Legislativa ataca a medias los problemas de la actual legislación.

La Asamblea Legislativa discute un proyecto de ley de impuesto sobre la renta que forma parte de la reforma fiscal. | CARLOS GONZÁLEZ
La Asamblea Legislativa discute un proyecto de ley de impuesto sobre la renta que forma parte de la reforma fiscal. | CARLOS GONZÁLEZ

Dicho proyecto propone, entre otras cosas, una tarifa de un 30% para las personas jurídicas (empresas); mientras que a las personas físicas y a todas aquellas calificadas como micro y pequeñas empresas, se les aplicaría una tarifa en cuatro tramos, del 10% hasta el 25%, en el tanto su renta bruta no supere los ¢106 millones anuales.

El viceministro de Hacienda, encargado de ingresos, Fernando Rodríguez, considera que este nuevo esquema elimina el “error del salto”.

“En el proyecto que está en la Asamblea Legislativa (...), nosotros quitamos esos escalones intermedios, movidos por el ingreso bruto; solo dejamos un esquema especial para pequeñas empresas, que está limitado”, comentó Rodríguez.

Mauricio Soto, uno de los autores del estudio El rol del impuesto sobre la renta: hacia un sistema impositivo con mayor cumplimiento, progresividad y recaudación, opinó que el plan no es una solución total.

“Tengo una opinión sobre el proyecto. Para mí soluciona la mitad del problema (...), ya que los saltos van a ser marginales; probablemente las distorsiones disminuyan mucho, pero algo que mi estudio rescata es que el origen de este proyecto era un flat tax de 30%, y eso me parece mucho mejor”, opinó Soto.

El abogado Adrián Torrealba explicó que el plan presentado en la Asamblea no tiene el “error de salto”, porque cuando se pasa de una tarifa a otra, la nueva tarifa ya no se aplica sobre toda la base, como sucede actualmente, sino solo sobre el monto adicional.

Para el abogado Alan Saborío, la iniciativa mantiene buena parte de las dificultades actuales.

“El proyecto sigue manteniendo el impuesto de distribución de dividendos, sigue haciendo una diferenciación entre actividades gravadas y sectores completos de la economía que no pagan absolutamente nada (...), y sigue manteniendo el tratamiento para las empresas chiquititas y las grandes”, opinó Saborío.