2 marzo, 2015

La semana pasada se conoció la redacción integral del voto 1241-2015 de la Sala Constitucional, referente a la declaratoria de inconstitucionalidad parcial y anulación de los artículos 1, 3 y 5 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, N.° 9024, del 23 de diciembre de 2011.

El mayor interés de los contribuyentes y asesores fiscales, era la determinación sobre el pago de los impuestos generados desde el año 2012 y hasta el 2015. ¿Tendrán o no que pagarse esos tributos derivados de normas anuladas por este tribunal?

Recordemos que la Sala dimensionó lo resuelto, indicando que los efectos de la sentencia se iniciarán a partir del periodo fiscal correspondiente al año 2016.

Esto significa que para el año 2015 todo sigue igual, como si los artículos mencionados no estuviesen anulados. Pero, ¿qué va a ocurrir entonces a partir de enero próximo?

Sobre este punto concreto, la Sala indica que no es posible en este caso decretar un efecto retroactivo en la anulación de las normas, pues ello podría generar graves dislocaciones tributarias o financieras, por tratarse de ingresos percibidos por la Hacienda Pública y, en la mayoría de los casos, presupuestados y ejecutados en presupuestos públicos sucesivos. Por ello, el efecto de la sentencia es más bien prospectivo, de modo que todos los contribuyentes deben pagar el monto correspondiente al periodo fiscal 2015 y todos los anteriores que se adeuden, so pena de verse sometidos a las multas, intereses y demás sanciones previstas en la misma ley (recordemos que solamente se declararon inconstitucionales tres artículos y no toda la normativa).

Esto significa que todas las sociedades que deban uno o varios periodos del impuesto, los seguirán debiendo en el año 2016 y por ello, sus bienes pueden ser objeto de anotación y ser sometidos a un proceso cobratorio donde corren el riesgo de venderse en remate público.

El mismo riesgo corren los representantes de esas sociedades, quienes tienen responsabilidad solidaria por los montos adeudados, y por ello sus bienes personales también podrían ser anotados, embargados y subastados. Igualmente se mantiene la posibilidad de que se decrete la disolución de las sociedades y se cancele su inscripción registral. Todos estos puntos no fueron anulados y seguirán vigentes el año próximo.