Pablo Sauma, investigador y exdirector de la CCSS: ‘No estoy de acuerdo en reducir las cuotas a la seguridad social’.

El punto de partida me parece válido (las altas contribuciones a la seguridad social obstaculizan la formalidad, especialmente porque no contribuir a la seguridad social forma parte de la definición de informalidad). Sin embargo, no estoy de acuerdo con su reducción.

”Por su destino específico a salud y pensiones, la reducción de las contribuciones pasa por la adecuada delimitación del modelo de salud, la eficiencia del sector y la sostenibilidad financiera del modelo que se defina. En el caso de las pensiones, hay que realizar los estudios actuariales”.

Cuotas de seguridad social más bajas no necesariamente afectarían los ingresos de la CCSS porque el objetivo sería tener cubierta a toda la población trabajadora. Con las cuotas actuales hay un 43% de los ocupados que no aportan. ¿Qué opina?

Suponiendo que no se tocan las contribuciones patronales a la CCSS (Invalidez, Vejez y Muertes y Sistema de Enfermedad y Maternidad), ni riesgos del trabajo, ni lo de cesantía, lo que queda de cargas patronales es lo del Banco Popular, INA, IMAS y Asignaciones Familiares.

”Dado que lo del Banco Popular se canaliza luego al Régimen Obligatorio de Pensiones y al Fondo de Capitalización Laboral, y que es un porcentaje muy pequeño, me parece que la apreciación de la OCDE no debería aplicarse.

”Queda entonces un 7% (INA, IMAS y Asignaciones Familiares). La pregunta es si reducir las cargas sociales patronales en 7% va a generar mayor formalidad, quitando financiamiento a los programas de alivio a la pobreza.

”Mi opinión es que probablemente la reducción de ese 7% en las cargas patronales no genere un aumento significativo en la formalidad, pero sí un grave daño al financiamiento de programas de alivio a la pobreza”.

¿Qué la parece la iniciativa del Gobierno de exonerar del Fodesaf y al IMAS a las microempresas que se trasladen a la formalidad por cuatro años máximo?

Lo primero que veo positivo es que se establece un plazo máximo, de lo cual carecen la mayoría de las exoneraciones y beneficios de todo tipo. Claro que una vez que se cumplan los cuatro años, es muy probable que los beneficiarios comiencen a pedir ampliaciones (...). El otro asunto es que cualquier iniciativa debe definir claramente cuáles empresas son las que pueden recibir el beneficio.