Aspirante reitera apoyo a plan que crea fondo con 3% de la recaudación

Por: Marvin Barquero 14 diciembre, 2013

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Johnny Araya, aseguró que el plan para trasladar un 3% de la recaudación del impuesto de ventas a fondos individuales de pensiones no es una prioridad.

Aunque dejó claro, de nuevo, su apoyo a este proyecto, originalmente impulsado por el exdiputado liberacionista Wálter Coto, Araya enfatizó que primero se debe aprobar el plan de consolidación fiscal.

El aspirante dijo que introducir antes esta propuesta de pensiones contaminaría la discusión del tema fiscal, por lo que se debe esperar.

El proyecto de consolidación fiscal fue lanzado por el Ministerio de Hacienda y ya se discutió públicamente en mesas de diálogo. Con él se pretende modificar impuestos para mejorar la recaudación y reducir el déficit (diferencia entre ingresos y gastos del Gobierno).

Por otro lado, Araya dijo que la idea es destinar un 3% de la recaudación del impuesto de ventas para un fondo de pensiones. El dinero de ese 3% de las compras de productos y servicios que paguen el tributo se depositaría en cuentas individuales de cada consumidor.

Se calcula que solo el 58% de los mayores de 65 años tienen pensión en Costa Rica. El plan dotaría de ese beneficio a todos los ciudadanos. | ARCHIVO
Se calcula que solo el 58% de los mayores de 65 años tienen pensión en Costa Rica. El plan dotaría de ese beneficio a todos los ciudadanos. | ARCHIVO

Eso cambia un poco el plan original, según el cual el impuesto, actualmente en 13%, se dividiría en 10 puntos porcentuales para Hacienda y tres puntos para pensiones.

Coto dijo que lo importante es mantener e impulsar la idea de que los recursos para retiro provengan del consumo, aunque estima que se debe tramitar de inmediato.

Novedoso. El superintendente general de Pensiones (Supén), Édgar Robles, aseguró que se trata de una idea novedosa, pero advirtió que por eso mismo no se ha aprobado en ningún país y que, además, podría beneficiar, al final, a quienes tienen un mayor poder adquisitivo.

Coto dijo que se plantea la solidaridad social pues quien compre por encima de 40 salarios mínimos (unos ¢12 millones) al año no percibirá el sobrante, sino que se repartirá entre los de menos ingresos.

La complicada logística para retener y devolver a las cuentas individuales los montos es una de las cosas que se deben discutir y afinar antes de impulsar el proyecto en la Asamblea Legislativa, dijo Araya.

Reconoció que también se deben revisar cifras para evitar que se afecten los ingresos del Gobierno, aunque apoyó la tesis de Coto de que todo consumidor pedirá factura de sus compras para reclamar el traslado de recursos. Araya cree que eso mejorará la recaudación.

Para Araya, parte del acomodo normal será que las empresas ajusten su flujo de caja al sistema.