El ministro de Hacienda, Fernando Herrero, aseguró ayer que el Gobierno estaría anuente a aplicar una reducción en el impuesto selectivo de consumo si el Congreso aprueba en los próximos días el proyecto de ley que contiene los nuevos tributos.
Herrero explicó que el Poder Ejecutivo podría igualmente aplicar una baja en los aranceles de los productos importados, pero enfatizó que la elevación del impuesto de ventas del 10 al 15 por ciento no es negociable. Inclusive añadió que esa variación no es tan signficativa por cuanto otras naciones tienen tasas de hasta el 18 por ciento en ese rubro.El titular de Hacienda emitió tales criterios ayer por la mañana en el Congreso al finalizar una intervención en una comisión legislativa que estudia el proyecto de ley general de aduanas.
Hace dos días el primer vicepresidente de la República, Rodrigo Oreamuno, manifestó que el Gobierno sólo accedería a reducir el impuesto selectivo de consumo, pero únicamente en el porcentaje de incremento que pretenden aplicar en los próximos días.
Ingentes esfuerzos
Mientras Herrero hacía tales afirmaciones, los esfuerzos por alcanzar un acuerdo global entre Gobierno y oposición que permita encontrar una salida al problema fiscal que enfrenta el país, seguían su curso.
Ayer Oreamuno expresó que se mantiene en estrecho contacto con dirigentes de los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana y con dirigentes del sector empresarial para allanar el camino a una solución.
Por su parte, el empresario Oscar Saborío Alvarado, ligado al PUSC, reconoció ayer que participó junto con otros dirigentes de ese sector, como Carlos Lachner y Alberto Dent, en pláticas con diversos funcionarios del Gobierno y la oposición para tratar de llevar a la práctica de inmediato el pacto rubricado hace más de un mes por el presidente José María Figueres y el expresidente Rafael Angel Calderón.
Explicó que él, personalmente, asumió la iniciativa de conversar con el vicepresidente Oreamuno ante la preocupación de que el compromiso entre esos dos dirigentes no se llevara pronto a la práctica y por las consecuencias que de ello podrían derivarse para la economía del país.