Director del Servicio Civil y diputado objetan alcance de beneficio

Por: Patricia Leitón 3 noviembre, 2014

El Gobierno paga a casi todos sus profesionales que no son docentes un alto monto extra sobre el salario para que no trabajen en otros lugares.

No obstante, el presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios, Ottón Solís, y el director general del Servicio Civil, Hernán Rojas, coinciden en que no es necesario pagar ese sobresueldo al 99% de los profesionales, como ocurre hoy.

Para el Gobierno laboran 18.889 profesionales que no son docentes. A los profesionales de la educación no se les reconoce este incentivo, según la Dirección General del Servicio Civil.

De esos, a 4.751 profesionales se les paga prohibición del ejercicio liberal de la profesión.

La prohibición se estableció para los funcionarios de Tributación en 1975, mediante la Ley N.° 5.867; no obstante, Rojas explicó que luego otras entidades se acogieron a esta legislación.

El objetivo inicial, explicó el director del Servicio Civil, era evitar que los trabajadores de la Dirección General de Tributación trabajaran en empresas privadas que esta dependencia fiscalizaba.

Por la prohibición un funcionario puede llegar a recibir hasta un 65% más de salario.

Mientras tanto, la dedicación exclusiva se creó por medio de una resolución del Servicio Civil y la reciben 14.058 de los 14.138 profesionales que pueden optar por ella, es decir un 99,4%.

Según esta resolución, la dedicación, que puede elevar hasta en un 55% el salario de un funcionario, es un contrato entre el patrono y el trabajador. Rojas explicó que el patrono podría no darla o el servidor no aceptarla.

El empleado, según la resolución, puede renunciar una vez a la dedicación exclusiva para poder tener otro trabajo.

“El servidor acogido al régimen de dedicación exclusiva, puede renunciar a este (...) y no podrá suscribir un nuevo contrato en un periodo de dos años después de haber presentado su renuncia. Si renunciara por segunda vez, no podrá acogerse más a dicho régimen”, señala la resolución.

Los cuestionamientos. Para Solís, la dedicación exclusiva no es un derecho adquirido por lo que el Gobierno, si quiere, puede renegociar los contratos y bajar este gasto.

“Dedicación exclusiva es un contrato que usted establece. Este año me puede interesar a mí que alguien esté en dedicación exclusiva y el año entrante no; no es un contrato eterno”, argumentó.

Solís detalló que en los cambios al presupuesto que aprobó la Comisión de Hacendarios se redujeron ¢89 millones a la partida que incluye la prohibición y la dedicación, lo cual es poco comparado con los ¢125.000 millones presupuestados.

Rojas coincidió con Solís en que no es necesario pagarlo a todos, pero discrepa de que se le pueda quitar a los que ya lo tienen.

“Yo he escrito: hay muchos profesionales a quienes no es necesario retribuir salarialmente la prohibición del ejercicio profesional o la dedicación exclusiva, ya sea porque el mercado está saturado o porque no agrega valor a la institución”, dijo.

Rojas argumentó que, aunque a muchos funcionarios se les permitiera trabajar en otro lugar, difícilmente encontrarían empleo, pues a la gente que no tiene trabajo le cuesta encontrarlo.

En el segundo trimestre de este año , el desempleo fue de 9%, según la Encuesta Continua de Empleo que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El ministro de Trabajo, Víctor Morales, reconoció que en este tema hay un espacio para que cada institución revise la política.

El Gobierno trabaja en la redacción de un proyecto de ley de empleo público que contendrá el tema.

Para Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la discusión está contaminada ideológicamente.

“Dedicación exclusiva es parte de un ataque al empleo público de sectores que tratan de culpar a los empleados públicos del déficit fiscal”, señaló Vargas.

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