Gastos específicos y entidades autónomas socavan regla fiscal

Esta es una de las conclusiones que se desprende del estudio Reglas fiscales: análisis de una propuesta para Costa Rica , que elaboró la Academia de Centroamérica, el cual analizó el proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal que presentó el Gobierno.

Esa iniciativa pretende que se pueda aplicar en Costa Rica una regla fiscal. El plan fue convocado para las sesiones extraordinarias, que van del 1.° de diciembre al 30 de abril.

Las reglas fiscales son restricciones permanentes de la política fiscal que se manifiestan por medio de indicadores de resultados, tales como el déficit fiscal, el nivel de deuda pública o los gastos.

En el 2012 estos instrumentos funcionaban en 81 países, entre ellos, Chile, Brasil, Argentina, México, Perú, Venezuela y Colombia y, buscan evitar las crisis fiscales que golpean la pobreza y el desempleo.

El plan del Gobierno propone, entre otras cosas, que a medida que crezca la deuda pública respecto a la producción, el gasto corriente del sector público no financiero aumente cada vez menos (incluye salarios y pensiones, por ejemplo, no así los gastos de inversión).

Si esta regla se hubiera aplicado en el 2015, el ahorro obtenido sería de unos ¢500.000 millones (un 1,8% de la producción), estimó el estudio en cuestión.

Las trabas. No obstante, el informe advierte de las dificultades de aplicar una regla fiscal en Costa Rica y, considera, además, que el plan tiene dos carencias: la ausencia de un consejo que verifique que se cumpla la regla y la poca definición de las sanciones por incumplimiento.

Según señala el documento, en el país hay muchos gastos asignados por ley, sobre los cuales el Poder Ejecutivo no puede decidir cuánto crecen, conocidos como los destinos específicos.

Algunos ejemplos son: el 8% de la producción interna que se debe destinar a la educación, al menos un 6% de los ingresos corrientes que se deben destinar al Poder Judicial y el 7% del impuesto sobre la renta que corresponde al Patronato Nacional de la Infancia, entre muchos otros.

Además, el Gobierno Central no puede controlar el gasto de las instituciones autónomas ni de desconcentración máxima, dijo Miguel Loría, quien elaboró el estudio junto con Josué Martínez.

“El tema es complejo, por cuanto pueden darse contradicciones entre el mandato constitucional y legal para girar recursos con destinos específicos con el cumplimiento de la regla fiscal”, concluyó la investigación.

Loría aseveró que en otros países la aplicación de la regla no es tan complicada porque no tienen esas limitaciones.

“En el caso de Chile, el Ministerio de Hacienda tiene la potestad sobre todo el sector público, en el caso nuestro no, nada más lo que rige para la Autoridad Presupuestaria”, comentó Loría.

Para el exministro de Hacienda, Édgar Ayales, si bien existen estas limitaciones, la regla fiscal es una norma disciplinaria que un gobierno se autoimpone.

“Esto es para que un gobierno tenga como un marco de referencia para adquirir un compromiso de responsabilidad fiscal. Si un gobierno no está dispuesto a hacerlo, ninguna regla va a forzarlo”, comentó Ayales.

Sobre los consejos fiscales, que son organismos que se encargan de evaluar el desempeño fiscal, Ayales manifestó que en los países donde ha funcionado mejor la regla fiscal ha habido un órgano externo al Ministerio de Hacienda que es el que monitorea, mide si se cumplieron los parámetros o no y, los recomienda, aunque no es vinculante.

En materia de sanciones, el estudio menciona que el proyecto no define claramente cómo se aplicarían y a quién.

No fue posible tener una opinión del Ministerio de Hacienda sobre estas observaciones.