Costa Rica solicitará la integración de un panel de expertos para solucionar un conflicto con El Salvador, por el cobro de aranceles, o impuestos de entrada, a productos procedentes de zonas francas.
El caso se elevará, a esa instancia, luego de que ayer fracasó la etapa de consultas, primera parte estipulada en el mecanismo de solución de controversias del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
El reclamo lo hizo Costa Rica en setiembre pasado, pues los salvadoreños les cobran tributos al atún, llantas, buses y jugos de frutas. La tasa varía según cada producto; está entre el 10% y el 15%.
Mónica Segnini, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, apoyó la gestión, pues dijo que la traba genera inseguridad jurídica, obstaculiza las exportaciones y violenta el derecho internacional.
Representantes de Costa Rica y El Salvador se vieron ayer las caras, en la capital cuzcatleca, en una audiencia. “La reunión fue muy cordial, pero los salvadoreños no quieren ceder”, detalló el viceministro de Comercio Exterior (Comex), Fernando Ocampo.
Explicó que a escala del Istmo se pueden aplicar dos regímenes para los aranceles: el Mercado Común Centroamericano o el TLC con Estados Unidos. En el mercado centroamericano se cobran aranceles a productos procedentes de zonas francas o de empresas amparadas el régimen de perfeccionamiento activo. En el acuerdo con Estados Unidos se aplica la exoneración.
Según Ocampo, seis países firmantes del TLC aplican los dos regímenes, por lo que productos de zonas francas reciben el tratamiento del Tratado para no pagar aranceles. Solo El Salvador se niega a aplicar los acuerdos del Tratado.
Amparado a tal posibilidad, por ejemplo, el atún salvadoreño llega a Costa Rica sin el pago de gravamen de entrada, aseguró Ocampo.
La denuncia pasa ahora a una etapa de 10 días, en los cuales se debe o no reunir la Comisión de Libre Comercio. Luego de eso se solicita la creación del penal de árbitros.