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Ricardo González: Cobro en sede administrativa

Actualizado el 27 de octubre de 2014 a las 12:00 am

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Ricardo González: Cobro en sede administrativa

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Hemos venido analizado el proyecto de ley que plantea la creación de un procedimiento de cobro coactivo de deudas tributarias en sede administrativa.

¿En qué se diferencia ese trámite del proceso de cobro que realizan los tribunales judiciales?

Desde el año 2008, los procesos para la recuperación de deudas dinerarias, líquidas y exigibles, se regulan por la Ley de Cobro Judicial.

El trámite que corresponde, cuando se trata de cobrar tributos, es básicamente el proceso monitorio. El procedimiento se inicia con la presentación de la demanda del acreedor y el Juzgado dicta una resolución intimatoria, la cual ordena el pago de capital, los intereses y las costas. Al deudor se le confiere un plazo de quince días para que pague o bien se oponga al cobro, en cuyo caso debe interponer las excepciones que considere procedentes y ofrecer la prueba que resulte admisible, pertinente y útil para sustentar esa oposición, ya sea invocando la falta de exigibilidad de la deuda, el pago o la prescripción. Para resolver, el Juzgado convoca a una audiencia con las partes, recibe la prueba y dicta la sentencia final.

Embargo y remate. En cuanto al proceso de cobro en sede administrativa que se pretende crear, el trámite sería distinto. El procedimiento se iniciaría con la notificación al obligado tributario de las sumas certificadas que se le cobran, instándole para que efectúe el pago de la deuda y sus recargos dentro del plazo de quince días, con la advertencia de que, si no lo hiciera, se procederá sin más trámite a embargar y rematar sus bienes.

Contra esa notificación no cabría recurso alguno. Tampoco habría plazo para contestar, ni para ofrecer prueba y en consecuencia tampoco existiría audiencia ni resolución ulterior (hay que recordar que antes del proceso de cobro, hubo un procedimiento mediante el cual se determinó la suma adeudada).

El proceso terminaría en caso de darse el pago o bien la extinción de la deuda por cualquier otra causa prevista por la ley; pero lo que no queda claro es la forma en que el contribuyente podría alegar esa extinción, por ejemplo en el caso de la prescripción. Esto, por cuanto no existe plazo para contestar, no existe audiencia posterior y tampoco es posible recurrir de la notificación inicial.

El tema se complica mucho más ante la posibilidad de incluir en el cobro a los responsables solidarios. De ello nos ocuparemos en la próxima columna.

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