Impuesto a casas de lujo solo recauda el 33% de lo esperado

Al impuesto solidario, conocido como tributo a las casas de lujo, le quedan seis años de vigencia y el Gobierno apenas recolecta un tercio de lo que se esperaba.

En el 2013, la recaudación ascendió a ¢3.998 millones. Cuando los diputados aprobaron la medida, estimaron un ingreso de ¢12.000 millones al año.

Salvo que los legisladores amplíen el plazo de cobro, este impuesto regirá hasta el 2019.

El Ministerio de Hacienda acepta que no ha identificado, por completo, quiénes adeudan el tributo ni tampoco tiene estudios que permitan conocer el tamaño de la evasión de esta carga.

Hacienda y abogados especialistas coinciden en que resulta técnicamente complejo definir cuáles casas deben pagar el tributo y cuáles no, ante una importante carencia de información sobre el valor de los inmuebles.

El impuesto se aplica desde el 2009, de forma progresiva, sobre las casas con un valor superior a los ¢121 millones. El dinero recolectado debe usarse para programas gubernamentales de vivienda digna.

Desde su creación a la fecha, se han desembolsado ¢13.762 millones derivados del impuesto a las casas de lujo por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), para programas de vivienda de personas de bajos recursos.

Eso equivale a 70% de todos los fondos recibidos por el Banhvi, por esta carga tributaria, al 6 de mayo del 2014, informó la institución.

Problemas de origen. La complejidad para definir quiénes deben pagarlo y quiénes no, es la principal razón por la que se dificulta el cobro, según Diego Salto, especialista en derecho tributario.

Según Salto, el tributo es una buena forma de obtener fondos de personas de alto ingreso para invertirlos en personas de bajos ingresos. Sin embargo, desde su origen se previeron problemas en su aplicación.

“Hacienda requiere saber cuáles casas valen más de ¢121 millones para definir, en una primera etapa, a quiénes les aplica el impuesto. Pero usted no puede entrar en una casa a ver los detalles necesarios para el avalúo sin la orden de un juez, pues se trata de propiedad privada.

”Si la casa supera ese monto, luego, incluso, se debe estimar el valor del terreno, ubicación y otros aspectos, pero desde la primera etapa hay limitaciones”, dijo Salto.

Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda, reconoce tales limitaciones y sostiene que toman medidas para obtener más información con el Catastro Nacional y los bancos del país, pero por el momento no tienen acceso a los datos.

“El proyecto de ley ‘antievasión’ pretende que los bancos informen al Gobierno sobre el avalúo que hacen de las casas cuando dan préstamos. Estamos tratando de tomar información de diversas fuentes para ampliar la recaudación de forma eficiente”, dijo Rodríguez.

Este proyecto (antievasión) fue presentado al Congreso el 30 de julio por el Gobierno, pero a la fecha no ha sido publicado en La Gaceta . Hacienda estima que el plan aumentaría la recaudación en un 1% del PIB.