El Ministerio de Hacienda y el de Educación Pública difieren sobre si en el 2017 se debe elevar o no el presupuesto a la educación respecto a la producción.
El mandato constitucional de otorgar un monto equivalente al 8% del producto interno bruto (PIB) a la educación rige desde el 2011; no obstante, las limitaciones fiscales han impedido llegar a esa cifra, razón por la cual se ha hecho de manera paulatina.
Para este año se asignó un monto equivalente a cerca del 7,86% del PIB (¢2,3 billones).
Consultado sobre el monto para el 2017, el ministro de Hacienda, Helio Fallas, respondió: “No se podrá dar el 8% del producto interno bruto, pero se estaría respetando el porcentaje que se le asignó este año”.
Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) respondió, por medio de su departamento de prensa, que esta cartera –en atención al mandato constitucional– presentará su anteproyecto de presupuesto para el 2017, correspondiente al 8% del PIB.
“El Ministerio de Hacienda ha fijado un monto presupuestario máximo equivalente a un 7,86% del PIB, similar al alcanzado en el 2016. El resultado final dependerá de la aprobación que se dé en la Asamblea Legislativa”, añadió este Ministerio.
Educación es la cartera que recibe más recursos. En la ley de presupuesto del 2016, su plan de gasto representó un 29,5% del total.
El MEP también explicó que requieren plazas nuevas para el próximo año.
“De conformidad con los artículos 49 y 37 del Decreto Ejecutivo N.º 39613-H, no se podrán crear plazas, ni nuevos incentivos y pluses salariales; sin embargo, el Ministerio de Educación no podrá ajustarse totalmente a esta directriz”.
En una respuesta escrita, la institución justificó lo anterior en que, por su naturaleza, tiene que garantizar el servicio educativo en las zonas que la población estudiantil así lo requiera.
Criterios. El exministro de Hacienda Édgar Ayales y la exviceministra de la misma cartera Edna Camacho apoyaron la posición del Ministerio de Hacienda.
“Perfectamente se puede sostener un año más (el porcentaje del PIB a educación), ya se ha venido sosteniendo varios años; a no ser que el Gobierno diga que reduciendo el incremento a las planillas y el incremento a las transferencias de un 8% en términos reales, a un 3% o a un 2%, bueno, con eso se pueden ahorrar recursos, y dar más a educación, eso es otra cosa”, dijo Ayales.
Para Camacho, en las circunstancias actuales, es conveniente que el gasto en educación no crezca por encima del PIB estimado para el 2017.
“Esto permite que, a la vez que no se afectan los aportes económicos a la educación pública, se sea cauteloso para no debilitar más la situación fiscal, al menos mientras no se llega a un acuerdo sobre la posible reforma”, manifestó la exviceministra.