El actuario argentino Eduardo Melinsky reclama a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el pago de $125.000.
Él exige los recursos por el estudio realizado al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
A Melinsky lo contrataron la CCSS y la Superintendencia de Pensiones (Supén), en julio del 2014, para realizar una valuación actuarial independiente al fondo de pensiones, luego de varios años de disputa sobre la sostenibilidad de régimen.
Un año después, entregó el estudio final. El informe concluyó que el IVM corre el riesgo de agotar su reserva a partir del 2023 , tal como informó La Nación en agosto del año pasado.
Una semana después de la publicación, la Caja anunció la resolución del contrato porque el trabajo de Melinsky incumplió con requerimientos técnicos y acordó iniciar el proceso administrativo para finiquitar el contrato, según el acta de Junta Directiva 8.796, del 27 de agosto del 2015.
Incluso los directivos acordaron sancionar y hacer el cobro de daños y perjuicios por incumplimientos contractuales.
A partir de ese momento, la Caja declaró confidencial el proceso de ruptura del contrato, que es dirigido por la Gerencia de Logística de la institución.
Los directivos volvieron a ver el tema en octubre y diciembre del 2015, pero no se incorporó el contenido de lo hablado, según las actas 8.807 y 8.816.
Adicionalmente, la Directiva acordó contratar a la Universidad de Costa Rica para hacer una nueva valuación actuarial al IVM . El informe se entregará en diciembre próximo aunque al inicio se había indicado que estaría en junio del 2016 .
El nuevo estudio será el utilizado por la CCSS para proponer reformas al principal régimen de pensiones del país.
Disputa. A Melinsky, la Caja le notificó, el 31 de agosto del 2015, la no recepción definitiva del informe realizado, según el documento DAP-1235-2015, del cual tiene copia La Nación .
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El actuario rechazó, el 7 de setiembre del 2015, el inicio del proceso de resolución del contrato y solicitó la aprobación del informe actuarial, la devolución de la garantía del contrato y un proceso sancionatorio contra los funcionarios involucrados en la revisión del estudio.
“Presenté recursos contra la resolución contractual, pero no respondieron. Ya pasó un año y no han hecho nada”, argumentó Melinsky.
El pasado 25 de febrero, la Directiva de la CCSS solicitó a la Dirección Jurídica de la institución un criterio legal de las peticiones hechas por Melinsky.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja, confirmó que el proceso de resolución del contrato, iniciado en agosto del 2015, aún no ha concluido.
“Hemos contestado al señor Melinsky todos sus escritos y explicado que no podemos referirnos al planteamiento presentado porque está en curso el proceso abierto”, dijo Barrantes.
Añadió que no recuerda por qué el proceso de ruptura del contrato se declaró confidencial.
Nuevo estudio al IVM llegará con retraso de seis meses
El nuevo estudio actuarial al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) llegará con un retraso de seis meses.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), administradora del IVM, estimó, en setiembre del 2015, que el informe estaría listo en junio de este año.
La previsión se hizo el mismo día en que la Caja anunció junto con la Superintendencia de Pensiones (Supén) laresolución del contrato con el actuario Eduardo Melinsky.
Sin embargo, Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja, reconoció que el análisis estará listo hasta diciembre.
La institución contrató en abril pasado, por ¢44,5 millones, a la Universidad de Costa Rica (UCR) para realizar el valuación actuaria independiente al régimen de jubilaciones.
“Entre mayo y junio elaboramos la información para la Universidad y ahora están en el proceso del análisis. Esperamos que el estudio esté listo entre noviembre e inicios de diciembre”, confirmó Barrantes.
Álvaro Ramos, jerarca de la Supén, dijo que el atraso en el inicio del estudio fue por el proceso de contratación administrativa.
“Me consta que tanto la Caja como la UCR han estado dispuestos a colaborar en el trámite”, afirmó el funcionario.
La nueva valuación independiente al IVM será el punto de partida para iniciar, en el primer trimestre del 2017, una consulta pública para reformar el régimen de pensiones.
Actualmente, en el fondo cotizan 1,4 de trabajadores, 60.000 patronos –en su mayoría privados– y el Estado.