Hogares ganan mal y además presentan carencias en vivienda, salud y educación

 14 noviembre, 2015

Alrededor de 600.000 personas en Costa Rica viven una situación de pobreza especialmente profunda, que por primera vez se perfila con detalle en el país.

Esos individuos, que integran 146.000 hogares y representan el 13% de la población del país, son catalogados como pobres de acuerdo con dos metodologías de investigación que en la actualidad se utilizan para medir este flagelo.

Dicho grupo está por debajo de la línea de ingreso de consumo mínimo necesario para tener una vida digna, también conocida como línea de pobreza (LP), que ha sido la forma tradicional de medir las carencias materiales en Costa Rica.

Pero a su vez, ellos son pobres bajo el nuevo índice de pobreza multidimensional (IPM), el cual mide las carencias en cinco dimensiones no monetarias: educación, trabajo, salud, acceso a vivienda e Internet, y protección social.

Ese conjunto de personas pobres, tanto por los ingresos insuficientes y por el IPM, viven en las peores condiciones, especialmente en salud, educación y acceso a una vivienda digna.

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Por ejemplo, mientras que entre los hogares pobres por bajos ingresos el IPM registra que el 59% tiene alguna privación en salud (carecen de seguro de salud, o agua potable, o no eliminan la basura, o no tienen cómo desechar sus excrementos), entre los pobres bajo las dos metodologías (LP y el IPM), el porcentaje de hogares con esa privación asciende hasta el 84%.

Y mientras entre aquellos bajo la línea de pobreza se registra una escolaridad promedio de ocho años en las personas con más de 15 años de edad, ese promedio cae a 5,8 entre los pobres según el IPM y la línea de ingresos.

El IPM fue publicado el jueves 29 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El indicador determinó que 21,8% de los hogares y 26,2% de las personas son pobres por esta vía.

¿Qué hacer? Estos nuevos indicadores abren la posibilidad de reconsiderar lo que han venido ejecutando gobiernos anteriores, plantea Andrés Fernández, economista y especialista en políticas sociales.

“Las transferencias monetarias condicionadas no resuelven por sí solas el problema, especialmente si el diseño de la política de transferencia no es el más adecuado. Sin embargo, esta es una oportunidad para repensar las políticas de seguimiento y evaluación de los programas sociales”, sostuvo Fernández, quien participó en la creación del IPM.

El director ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, Carlos Alvarado, informó que el IPM está ligado al programa Estrategia Puente al Desarrollo, por medio del cual se ofrecería a estas familias apoyo interinstitucional para sacarlas de la pobreza.

“Un acierto muy grande creemos que es la elegibilidad de las familias ‘Puente’. En este (programa) se dirige la atención, principalmente, a familias con jefatura femenina, con bastantes integrantes y baja escolaridad. Es decir, si bien no había datos del IPM cuando salió ese programa, la información direccionaba a esa población y se confirmó que son básicamente los mismos”, expresó Alvarado.

Según él, desde antes del IPM se ha intentando hacer una aproximación de dónde se ubica la población con mayor pobreza, y así el Gobierno dirige el programa a los 75 distritos prioritarios, donde vive el 65% de la población en pobreza extrema.