La población costarricense ya siente las secuelas de arrastrar un alto déficit fiscal y un fuerte crecimiento en la deuda pública.
Lo vive cuando paga altos precios por la gasolina, pues los impuestos que pesan sobre los combustibles no se pueden bajar debido a este problema; también cuando camina por las deterioradas calles y cuando no se puede dedicar a la educación el 8% de la producción que dicta la Constitución Política.
No obstante, si el ritmo de crecimiento que tiene la deuda pública se mantiene, las consecuencias negativas pueden ser mayores.
La exviceministra de Hacienda, Edna Camacho, explicó que se podría esperar un aumento en las tasas de interés, un posible incremento en el riesgo país y una eventual incapacidad de pago del Gobierno.
El aumento en las tasas, detalló, tendría al menos tres secuelas: menos inversión privada y, por lo tanto, menos producción y empleo; la afectación en la capacidad de pago de las personas que tienen préstamos y el aumento en el pago de intereses del Gobierno, lo cual lo obligaría a endeudarse más para cancelarlos.
Un aumento en el riesgo país implica una menor calificación de parte de las agencias internacionales, lo cual puede traducirse en un mayor costo para adquirir nueva deuda para el Gobierno y para el sector privado.
La incapacidad de pago surge cuando el Gobierno ya no puede generar suficientes flujos positivos para repagar la deuda.
Ayer, no fue posible tener una opinión del Ministerio de Hacienda. Las nuevas autoridades señalaron que en enero enviarán tres proyectos para mejorar la recaudación de impuestos y que tomarán medidas para controlar el crecimiento del gasto, como el congelamiento de plazas y el freno en erogaciones como alquileres.