San José (Redacción). Las semillas genéticamente modificadas no llegarán a tierras palmareñas en caso de que el país autorice su cultivo.
Con una declaratoria de “cantón ecológico y libre de transgénicos”, el Concejo Municipal de Palmares decidió curarse en salud y prohibir en su territorio la siembra de semillas con alteración de genes.
Según el presidente municipal de ese cantón, Filadelfo Sancho, el objetivo es proteger la salud ambiental y de los habitantes, así como salvaguardar al productor nacional.
“No queremos que el maíz, que ha sido la base alimenticia de todo Costa Rica y del campesino, sea contaminada con transgénicos”, comentó el jerarca.
Sancho recordó el caso de México, uno de los principales productores de maíz a nivel mundial, donde los agricultores se ven obligados comprar las semillas a compañías transnacionales.
El único opositor a la declaratoria fue el regidor Mario Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien manifestó que el tema se encuentra contemplado dentro del TLC con Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Además, señaló que para discutir la prohibición de transgénicos era necesario contar con mayores argumentos científicos y que no podía tratarse de una decisión “antojadiza”.
De este modo, Palmares se coloca como el cuarto cantón en cerrar sus puertas a los transgénicos, junto a Bagaces, Belén y Grecia.
La declaratoria se da en medio de presiones de grupos ambientalistas del país, quienes pugnan por que la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad rechace la solicitud de la empresa DPL Semillas para la siembra de granos de maíz genéticamente modificados para multiplicación y posterior exportación.
Este ente, encargado de definir si el país permitirá la siembra de transgénicos, postergaron en diciembre y de manera indefinida su dictamen.
El abogado ambientalista Álvaro Sagot, uno de los impulsores de la declaratoria palmareña contra este tipo de cultivos, considera que en caso de que el país autorice los transgénicos debería respetarse la autonomía municipal sobre el uso de las tierras.
Sin embargo, reconoce que la discusión podría llegar a la Sala Constitucional o a un proceso en el Tribunal Contencioso Administrativo.