¡A cuidar el cinco!

En Costa Rica, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras, existen 1,2 millones de personas endeudadas con un promedio de cinco créditos y un saldo de ¢12 millones por individuo. Además, no hay estadísticas oficiales de lo que se debe por créditos comerciales o informales.

No importa la raza, religión, ocupación, nacionalidad: todos, en nuestras vidas, vamos a tener que lidiar con conceptos financieros. De ahí la necesidad de promover la educación financiera básica como un proceso sistémico, empezando por los educadores, para que las familias entiendan los productos financieros, sus atributos, sus funciones y sus riesgos.

Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en Latinoamérica, solo 33% de la población entiende el concepto de tasa de interés simple; una minoría sabe cómo calcular la pérdida de poder de compra del salario por la inflación y menos del 30% ha calculado lo que tiene que ahorrar para tener acceso a una pensión digna.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el decil de ingresos de hogares más pobres, por cada ¢100 de ingreso, se gastan ¢138, es decir, estas familias viven permanentemente endeudadas. Por el contrario, en el decil de ingresos más altos, por cada ¢100, se gastan ¢67, es decir, tienen capacidad de ahorro por un 33% de sus ingresos.

Esta situación, hace que el sistema busque como clientes los deciles de ingresos más altos y excluyan a los de perfil más bajo, con lo que se impide el acceso a la formalidad de estos sectores y terminan endeudándose a tasas más elevadas.

Debe incluirse la educación financiera en el Plan Nacional de Desarrollo; ser mente materia obligatoria al menos en los colegios públicos y privados; estructurarse como un programa integral entre Gobierno, autoridades regulatorias, entidades financieras y comerciales.

No creo en proyectos populistas de topes a las tasas de interés; por el contrario, se requiere una ley de buenas conductas de mercado que obligue a la divulgación de información; transparencia y multas pecuniarias a las empresas o pérdida de autorización para ejercer como vendedor comercial o ejecutivo financiero si se demuestra una actuación negligente o de engaño hacia los consumidores.