El proyecto de Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), que se tramita bajo el número de expediente legislativo No. 19.678, genera soluciones diversas a tres sectores fundamentales.
El primer sector es la educación, al cual se le concede una exención del impuesto; de seguido está el sector salud que está gravado, pero que gozará de una exención cuando se ponga en marcha el sistema de devoluciones de IVA; por último, los combustibles no estarán sujetos.
En el sistema de IVA, la educación privada queda exenta, lo que implica que todos los insumos que se utilicen para la prestación del servicio tendrán directa incidencia en la estructura de los costos de operación de este sector. se remedia mediante las devoluciones a las que tienen derecho los exentos. Parece que esta medida es mejor que la sujeción a tarifas reducidas, gracias al control fiscal para los efectos de renta que se genera a través de la información cruzada.
En el caso de la salud, el servicio queda gravado con la tarifa general del 15% -, con excepción de los servicios de hospitalización y cirugía, cuya distinción es poco atinada en la técnica de orden formal legislativo y efectivo control tributario de este sector. Se opta por mantener la sujeción al impuesto hasta que se ponga en marcha el sistema de devolución, que consiste en un curioso sistema en el que usuarios de los servicios de salud recibirán de vuelta el 100% del IVA pagado en los quince primeros días del mes siguiente.
Consecuentemente, el gasto fiscal que se genere al Estado por este concepto será transparente. Es decir, desde el principio todas las actividades de salud están sujetas, obligadas a declarar, pero tributarán a partir de que el Ministerio de Hacienda cuente con los medios materiales y tecnológicos para aplicar esta soñada devolución.
Por último, un error craso es dejar como no sujetos a los combustibles, ya que esto comporta que los IVA soportados por la Recope, se convertirán en parte de sus costos de operación sin capacidad económica o jurídica de repercusión ni devolución. Esto, en la operación económica se trasladará como un aumento en los precios de los combustibles.
Existen mejores opciones para este caso, como: deflatar el actual impuesto único de los combustibles, sacar de su base fija la equivalencia al IVA, dejando neutros los IVA soportados o pagados por Recope o como exentos con derecho de devolución.