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Los países de la Unión Europea (UE) dieron este lunes luz verde a la eventual adopción de sanciones comerciales contra Belice, Camboya y Guinea, por practicar la pesca ilegal, informó el Consejo.
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Además del daño al lecho marino, los ambientalistas fustigan que se voten al mar gran cantidad de peces y otra fauna juvenil que queda atrapada en las redes. (MarViva para GN)
Los ministros de Pesca de los Veintiocho han decidido crear por primera vez una lista de países no cooperantes en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no documentada (INDNR).
Belice, Camboya y Guinea figuran en la lista, después de haber sido advertidos formalmente por la UE, en noviembre de 2012, para que corrigieran esas actividades.
Según el Consejo, los tres países no han afrontado aún sus problemas estructurales y no han sido capaces de demostrar un compromiso real para tratar de resolver el problema de la pesca ilegal.
La decisión de este lunes "intensificará" la lucha contra ese tipo de prácticas. En última instancia, se prohibirá la importación a la UE de productos pesqueros capturados por buques de esos países.
Además, la flota comunitaria deberá dejar de pescar en esas aguas y ya no será posible llevar a cabo otras formas de cooperación, como las operaciones conjuntas de pesca o los acuerdos pesqueros con esos países.
El Consejo ha dejado claro que la UE sigue dialogando con los tres países incluidos en la lista de no cooperantes, ya que algunos de ellos han empezado a intentar hacer frente a la pesca INDNR.
Cuatro organizaciones medioambientales -Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Pew Charitable Trusts y WWF- aplaudieron la decisión adoptada por el Consejo.
Los ecologistas pidieron, no obstante, más transparencia en el modo en que la UE evalúa los esfuerzos de terceros países para combatir la pesca ilegal y animaron a acabar con el vacío legal que permite a Estados no comunitarios a pescar en aguas de países excluidos y exportar sus capturas a la Unión.
Los Veintiocho cuentan con un reglamento que establece un sistema comunitario para prevenir, impedir y erradicar la pesca ilegal no declarada ni reglamentada.
El objetivo de esa normativa es restringir la entrada en el mercado europeo a los productos pesqueros certificados como legales por el Estado de abanderamiento o el país exportador.
