Por cada empresa formal en Costa Rica hay 1,4 semiformales

Por cada una de las empresas formales que operan en el país, hay 1,4 negocios semiformales, que pagan patente municipal, pero no cancelan cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ni seguros al Instituto Nacional de Seguros (INS).

Los datos provienen de un estudio que realizó el Observatorio de Mipymes (Omipymes) de la Universidad Estatal a Distancia y que el Programa Estado de la Nación (PEN) incluyó en su más reciente reporte nacional.

Sobre los emprendimientos semiformales se conoce poco, pero son una fuente de empleo importante, resaltó Jorge Vargas, director del PEN.

Vargas detalló que algunas son “miniempresitas”, pero hay otras más grandes, con alguna relación laboral. Como ejemplos, citó a las personas que tienen talleres mecánicos o pintan uñas en su propia casa. Según la investigación, en Costa Rica hay 161.996 empresas, más del triple de las reportadas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Si se compara esta lista con los registros de la CCSS, se obtiene que hay un 59% de empresas semiformales, unas 96.000, mientras que el resto son formales, cerca de 67.000.

“Dado que las políticas públicas limitan sus beneficios a los establecimientos formales, podrían estar excluyendo a casi el 60% del parque empresarial”, indicó el PEN en el Vigesimoprimer Informe Estado de la Nación.

“Otro aspecto por considerar es que si gran parte de las empresas se mantiene en la semiformalidad, los incentivos de las políticas públicas para mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) son insuficientes para estimular la formalización”, añadió.

Facilidades. Vargas explicó que estas empresas requieren esquemas menos onerosos y más flexibles de pago para que puedan formalizarse.

“La manera como genera los ingresos esa gente es casi que a ‘coyol partido, coyol comido’. Quiere decir que si les llega un cobro mensual el día 28 del mes, la persona no tiene para pagar. Se tienen que buscar métodos de cobro mucho más ajustados a la informalidad”, resaltó Vargas.

Citó el caso de una señora que hace tortillas y le pide ayuda a la sobrina unas horas a la semana. Si asegurara a la sobrina, tendría que pagar sobre la base mínima contributiva, lo cual resultaría muy oneroso para ella.

Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS, señaló que esa institución ha avalado formas alternativas para reducir el costo del aseguramiento, pero para eso se requiere un aporte complementario del Estado que cubra la diferencia entre el aporte del trabajador y la base mínima contributiva.

Picado defiende la base mínima contributiva, al argumentar que esta permite una consistencia entre el aporte y el beneficio.

Por ejemplo, si un trabajador paga su seguro con base en ¢30.000 y se le paga la pensión con base en ese monto, le correspondería una pensión muy baja. Sin embargo, tendría derecho a cualquier gasto en salud, lo que afecta la sostenibilidad del régimen.

En el INS, la Subdirección de Mercadeo explicó que la tarifa del seguro de riesgos del trabajo se halla estructurada por actividad económica; empero, es posible que, previa revisión de las características y necesidades de ese segmento (mipymes), se evalúe otro esquema atendiendo los requisitos y la legalidad.