Gobierno y agro profundizan choque por ley para normalizar uso de aguas

La forma como se propone la regulación del uso del agua en Costa Rica, contenida en tres proyectos de ley actualmente en trámite en la Asamblea Legislativa, acrecienta la discordia entre el Gobierno, grupos de ciudadanos y la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA).

Por un lado, el ministro de Ambiente y Energía (Minae), Édgar Gutiérrez, sostiene que es urgente tramitar el proyecto presentado por el Gobierno, en manos de la Comisión de Asuntos Ambientales de la Asamblea Legislativa, pues la actual normalización data de 1942, cuando la realidad del país era muy diferente.

Sin embargo, la ANA asegura que no se opone a una modernización de las normas, pero advierte de eventuales cierres de fincas si se llega a los extremos propuestos en ese plan de ley y en otro de iniciativa popular, el cual incluso llegó a votarse en primer debate.

ANA se opone, por ejemplo, a la creación de los llamados Consejos de Unidad Hidrológica, los cuales estarían integrados por personas de las comunidades donde están las cuencas y que tomarían decisiones para autorizar el uso del agua sin tener experiencia ni capacitación técnica en el campo, según el grupo agropecuario.

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Los agricultores también se oponen a la intención de ampliar, dice ANA, las áreas de protección sin que medie un estudio ambiental, pues eso llevaría automáticamente al cierre de fincas productivas.

Abogan también por que se permita el cultivo de cítricos, café y otros productos en áreas cercanas a la cobertura boscosa, si existe manejo ambiental; el Gobierno propone que se haga solo con las especies nativas de cada bosque.

La profundidad de las diferencias trascendió luego de una consulta al ministro Gutiérrez, en el marco de la reunión del Consejo de Asuntos Ambientales del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

Ese tratado, que se negoció en el 2003 e inicios del 2004, tuvo como una de sus innovaciones la inclusión de un capítulo ambiental y la creación de una Secretaría Técnica Ambiental, donde los ciudadanos pueden presentar denuncias y se resuelven conflictos entre países.

La subsecretaria estadounidense, Judy Garber, señaló que ese TLC también dio relevencia a la cooperación y que, entre el 2005 y el 2017, Estados Unidos aportó $90 millones en programas directos a los miembros del TLC y otros $21 millones en programas indirectos.

La gestión de residuos (sólidos, principalmente), la calidad del aire (en particular en las ciudades), la incorporación de la tecnología en los programas y la promoción de la participación ciudadana, son programas en los cuales trabajan los países de la región y en los cuales se invierte la cooperación, coincidieron los ministros del Consejo.

El agua no es infinita

El ministro de Ambiente de Guatemala, Sydney Samuels, coincidió con el costarricense Gutiérrez en la necesidad de reglamentar mejor el uso del recurso agua. En Guatemala, dijo, lograron convencer al sector productivo acerca del uso racional, pues ese recurso no es inagotable.

Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), una de las organizaciones integrantes de ANA, señaló que el grupo no está en contra de la modernización de las normas, pero advirtió que no permitirán llegar a extremos.

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Por eso, agregó, presentaron en mayo pasado otro proyecto de ley, el cual espera sea enviado a la Comisión de Asuntos Agropecuarios, con lo cual ya hay tres iniciativas en el Congreso.

Lizano amenazó de nuevo con movilizar a miles de agricultores hacia San José si se aprueba alguna iniciativa sin tomar en cuenta sus puntos de vista.

Advirtió que también están en contra de las potestades e independencia que se le quiere dar a la Dirección Nacional de Aguas (DINA), aunque se dice que estaría adscrita al Minae.

Por otro lado, Gutiérrez dijo que están trabajando fuertemente para mejorar la tramitomanía en el Minae, particularmente en la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), donde se abrirá una ventanilla única de trámites y se pondrán plazos máximos para resolver los casos.