27 mayo, 2014

CaracaS. AP El Gobierno venezolano concretó los pagos de unas obligaciones pendientes con las aerolíneas Aeroméxico, Avianca de Colombia, Tame de Ecuador, Insel Air de la isla de Curazao y Aruba Airlines, anunció ayer lunes el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres.

El funcionario dio la noticia a través de su cuenta de Twitter, sin ofrecer mayores detalles sobre cómo se realizaron los pagos ni cómo se manejarán las obligaciones pendientes con otras aerolíneas.

El ministro agregó que también concretaron “ el pago del año 2012 de las aerolíneas Avianca y Lacsa-Taca”. Torres hizo el anuncio tras una reunión que sostuvo con los representantes de las líneas aéreas donde también estuvo presente el ministro de Transporte Acuático y Aéreo, general Hebert García Plaza.

Siete empresas, incluidas Avianca, Aeroméxico y Lacsa-Taca, son parte del plan de pagos que arrancó el Gobierno venezolano. | ARCHIVO GN
Siete empresas, incluidas Avianca, Aeroméxico y Lacsa-Taca, son parte del plan de pagos que arrancó el Gobierno venezolano. | ARCHIVO GN

El problema. El sector turístico enfrenta una crisis debido al retraso de varios meses del Gobierno venezolano en el pago de unas obligaciones pendientes con las aerolíneas internacionales que suman unos $4.000 millones. Las deudas surgen de la diferencia entre los ingresos por la venta de boletos y los gastos de operaciones en Venezuela.

El atraso del Gobierno en la cancelación de las obligaciones ha llevado a algunas empresas a limitar la venta de boletos y en otros casos, como la panameña Copa Airlines, Air Canada, y Alitalia, a suspender operaciones.

El presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela, Humberto Figuera, afirmó que el Gobierno notificó a las aerolíneas que “a partir del primero de julio se van a estimar los boletos al cambio de SICAD II” , que es un sistema cambiario alternativo de divisas cuya tasa de cambio está alrededor de 49 bolívares por dólar.

Venezuela mantiene desde hace 11 años un control de cambio y las empresas privadas están obligadas a acudir a los entes estatales para comprar las divisas.