75 de las 81 municipalidades del país ya se declararon libres de esa práctica

Por: Marvin Barquero 12 enero, 2015

Los cantones del país todavía no concretan, en la práctica, la prohibición para el cultivo de productos transgénicos en su territorio, pese a que 75 de los 81 se declararon libres de esa práctica.

Esos cultivos tienen modificaciones genéticas hechas en laboratorio con el fin de variar sus cualidades productivas y resistencias a plagas, sequías y otros. Se teme que su presencia afecte la condición natural del resto de cultivos.

El presidente de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, Aley May, aseguró que ese ente no puede rechazar una solicitud de permiso para un cultivo transgénico o genéticamente modificado (GM) solo basado en el hecho de que un cantón se declaró libre de la actividad.

Las modificaciones genéticas se realizan en laboratorios y los resultados se prueban en ensayos en el campo. Costa Rica aún no llega al nivel de desarrollar proyectos comerciales. | ARCHIVO/ MARVIN CARAVACA
Las modificaciones genéticas se realizan en laboratorios y los resultados se prueban en ensayos en el campo. Costa Rica aún no llega al nivel de desarrollar proyectos comerciales. | ARCHIVO/ MARVIN CARAVACA

Reconoció que son muchos los cantones con declaratorias, lo cual se respeta, pero la comisión técnicamente tiene que seguir dando los permisos.

Jaime García, ingeniero agrónomo miembro de los grupos que se oponen a los cultivos transgénicos en el país, recordó que ya son 75 de los 81 cantones (un 92%) los que cuentan con declaratorias de libres, según acuerdos de las municipalidades.

García reconoció que hay una discusión acerca de la validez legal de las declaratorias.

Dos extremos. Quienes defienden los acuerdos de las municipalidades dicen que se sustentan en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, que les dan la potestad y autonomía.

Empero, la legislación dice que el único órgano competente nacional que regula  todo lo concerniente a  importar, investigar, exportar, experimentar, movilizar, liberar al ambiente, multiplicar y comercializar vegetales transgénicos, organismos modificados genéticamente o sus productos, agentes de control biológico y otros tipos de organismos para uso agrícola,  es el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). La Comisión de Bioseguridad es adscrita a este ente.

Así lo establecen la ley del SFE (ley 7.664) y la Ley de Bioseguridad (número 7.788).

Además, el Tribunal Contencioso Administrativo acogió una solicitud de veto a un acuerdo del Concejo de Alvarado que declaró al cantón libre de transgénicos. Una de las argumentaciones es que los Concejos no tienen competencia legal ni técnica.

García considera que, mientras se resuelve el entrevero legal, tiene mucho peso que el 92% de los cantones hayan tomado decisiones en ese sentido. Esos acuerdos se iniciaron en el 2005 con el de Paraíso. Hasta el 2012, solo ocho cantones los tenían.

Pero con la autorización, ese año, a una empresa relacionada con Monsanto, para realizar ensayos con maíz genéticamente modificado, se dispararon los acuerdos municipales.

May reconoció que esas declaratorias más un proyecto de ley de moratoria a este tipo de cultivos ha frenado el interés de empresas y entes de investigación para realizar ensayos con cultivos GM. En el 2013 se autorizaron ensayos para 373 hectáreas, y en el 2014 bajó a apenas 14 hectáreas. Los cultivos más usados son algodón, soya, maíz, banano y piña.