Patricia Leitón
Para financiar sus gastos planeados el Gobierno tiene dos fuentes: préstamos e ingresos corrientes, que son principalmente el dinero de la recaudación de impuestos.
En el presupuesto del 2013 el Gobierno financió el 45,3% con préstamos y para el 2014 el porcentaje bajará a 42,7%.
El paso es bueno porque cuantos menos préstamos pida el Gobierno, menos crece su déficit (exceso de gastos sobre ingresos) que puede llegar a afectar las tasas de interés y la inflación.
Sin embargo, al ver las causas de esta baja, la noticia no es del todo positiva.
La reducción es el fruto de las acciones que se tomaron para alargar los plazos de la deuda, explicó anoche el viceministro de Gasto, José Luis Araya.
Esto permitió que para el 2014 el pago de préstamos bajara y con ello la necesidad de pedir nuevos.
Pero si se excluye la amortización de la deuda, la parte financiada con préstamos aumenta porque por otro lado cayó la carga tributaria, explicó el Gobierno en la exposición de motivos del plan.
La carga tributaria surge de comparar los ingresos por impuestos respecto a la producción. Dicha carga pasó de 13,67% a 13,18% en el 2014.
Deuda para gasto corriente. La situación se torna peor si se considera que buena parte de esa deuda será para pagar gastos corrientes, como salarios y pensiones. Para una familia esto es como pedir prestado para comprar la comida. Los préstamos, en teoría, deben ser para inversiones que generen recursos en el futuro con el fin de poder hacerles frente a las deudas.
Empero, por la falta de ingresos por impuestos y la dificultad para bajar el gasto, el Gobierno ha caído en la práctica de pedir prestado para pagar gasto corriente.
“Las rigideces del gasto (...) a la par de la caída en la carga tributaria observada desde el 2009, han hecho imposible cumplir con el mandato legal de no financiar gasto corriente con deuda. En 2014, será necesario financiar más del 25% del gasto corriente con endeudamiento”, explicó el Ministerio de Hacienda en la exposición de motivos.
Todo esto se suma a un déficit de 6,2% de la producción que lleva incorporado en el plan de gasto del 2014 y que agravará la situación futura.
El economista Alberto Trejos explicó que estas situaciones son el precio de no aprobar los planes fiscales en el pasado, pese a que los diputados, nombrados por el pueblo, han votado por mayoría los proyectos, pero, por cuestiones de procedimiento, y no de contenido, la Sala IV los ha declarado inconstitucionales.