La Asociación Nacional de Industriales del Arroz (Aninsa) presentó primero una acción de inconstitucionalidad contra el artículo de la ley que los obliga a comprar la cosecha nacional, y luego hizo un trámite de retiro en la Sala IV.
Se trata del artículo 33 de la ley que crea la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Ese artículo de la ley establece que “el agroindustrial no podrá negarse a recibir entregas de arroz”, salvo en casos de muy calificada excepción, que también se definen en esa norma.
Aninsa presentó la acción ante la Sala IV el 18 de julio pasado. Posteriormente, el Gobierno promovió la instalación de una comisión de alto nivel para analizar los problemas del sector arrocero nacional. Luego de algunas reuniones de ese grupo, el 28 de julio pasado Aninsa solicitó el retiro de su petición a la Sala IV.
La oficina de prensa de la Sala informó de que a la acción se le dio curso y ahora solo los magistrados pueden decidir si acogen la petición de retiro de Aninsa.
Esto se decidirá cuando el tema sea visto por la Sala, detalló un informe solicitado al área de comunicaciones de ese cuerpo.
La Sala puede dar continuidad, de oficio, a las acciones de inconstitucionalidad, si considera que el hecho tiene intereses difusos y pueden afectar a la colectividad.
Basó la petición en al menos dos distorsiones del mercado arrocero que afectan la industria.
Una de ellas es un incremento de la producción local en las últimas tres cosechas. El país pasó de proveer un poco menos del 50% del consumo (181.000 toneladas en granza) en el período 2005-2006 a aportar casi el 70% (250.849 toneladas) de la demanda en el año arrocero 2009-2010, según las cifras de la página web de Conarroz.
Se estima que en el período 2011-2012 la cosecha nacional alcanzará casi el 80% del consumo.
La alta producción se concentra en los meses de julio a noviembre de cada año, con un pico máximo entre finales de agosto y octubre. Esto agobia a la industria, que no tiene capacidad instalada y por eso se quejó ante la obligación legal de recibir todo.
La segunda distorsión son las importaciones crecientes de arroz pilado (descascarado o sin granza). En lo que va del año, entraron 15.000 toneladas traídas por personas y empresas que no compran ni un grano local, denunció Brenes.
Ese arroz entra más barato que el tico, por lo que desplaza en los comercios al de la industria nacional, sostuvo Brenes.