Tras un acuerdo entre diputados del Gobierno y los pequeños agricultores, para exonerar del impuesto del 1 por ciento a los activos a las empresas de estos últimos, un nuevo aire toman las negociaciones de otros sectores agropecuarios en procura del mismo objetivo.
Pero algunos sectores políticos, al contrario, estiman que luego de la exoneración de los pequeños y medianos productores, se dificultará la petición a los grandes empresarios agropecuarios. Esto por cuanto la carga ya no cae sobre los que menos tienen.
Bananeros, caficultores, ganaderos y empresarios de productos no tradicionales, sin embargo, estiman que la lucha aún está abierta y pueden eximirse de ese pretendido gravamen, que forma parte del proyecto de ajuste tributario, en trámite en la Asamblea Legislativa.
Mientras, durante una semana completa, los representantes de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (UPANACIONAL) negociaron para no pagar ese gravamen. Del lado político, encabezó las gestiones el legislador Ottón Solís, presuntamente con apoyo de las altas autoridades del Gobierno.
Juego de normas
Solís y el miembro de UPANACIONAL Guido Vargas dijeron ayer -en declaraciones por separado- que se logró un acuerdo satisfactorio. El diputado dijo que se incluyó una moción al proyecto, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, por medio de la cual se exime a las empresas de pequeños y medianos productores del pago.
Vargas comentó que si se aprueba en los términos establecidos, UPANACIONAL está satisfecha con lo logrado.
El dirigente explicó que con la exoneración a quienes tengan activos por ¢20 millones, quedaban fuera del pago todos los pequeños y medianos productores. Pero la inquietud se centraba en las empresas colectivas, como cooperativas y asociaciones, que podrían superar ese monto.
La exoneración se estableció, según Solís, mediante una moción presentada por el diputado Juan Luis Jiménez Succar.
Esa iniciativa dejó un párrafo en el artículo 2 del proyecto de ley que ordena exonerar a las asociaciones que agremien a pequeños y medianos productores de bienes y servicios, siempre y cuando no tengan fines de lucro.
Lorena Vásquez, subjefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y miembro de la Comisión de Hacendarios, destacó que esa moción, por ejemplo, "es un avance dentro de estos meses de incongruencia del Poder Ejecutivo".
"Aunque estamos en contra de los impuestos -añadió-, nuestra misión ha sido corregir el proyecto de ajuste tributario lo más que se pueda para que no afecte a la clase media y a la gente que no tiene nada."
Todos quieren
Pese a que respaldaron la negociación por separado efectuada por UPANACIONAL, todos los representantes de otros sectores agropecuarios afirmaron que la exoneración debe cubrir al sector en pleno.
Joaquín Valverde, director ejecutivo de la Cámara de Cafetaleros; Juan Francisco Montealegre, segundo vicepresidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO); Luis Umaña, director general de la Asociación Nacional de Productores de Banano (ANAPROBAN), y Alberto Amador, presidente de la Federación de Cámaras de Ganaderos, abogaron por la eliminación del impuesto a las empresas agropecuarias.
Su tesis fue respaldada por la diputada Vásquez, para quien el tributo en el sector agrícola actúa como una cadena. Esto es que si se grava a los beneficios de café, por ejemplo, la carga se trasladará de estos a los productores del grano.
Pero el diputado Solís advirtió que con la exoneración a las empresas colectivas de pequeños y medianos productores se cumple el sentido social. Se opuso a las negociaciones para aumentar el tope de exoneración de los ¢20 millones actuales a entre ¢40 millones y ¢50 millones.