La Superintendencia de Pensiones (Supén) determinó, por primera vez, el costo futuro que tendrán los regímenes especiales de pensiones a cargo del Presupuesto Nacional.
La entidad estimó que el Estado costarricense pagará ¢10 billones, en colones de hoy, a 59.142 beneficiarios de estos sistemas por un periodo de 100 años.
Dicho monto equivale a una tercera parte del costo de construir el canal interoceánico en Nicaragua, valorado en $50.000 millones. También es 10 veces más de lo que invirtió China en hacer la Línea 1 del metro de Panamá, que ascendió a $1.880 millones.
El Ministerio de Hacienda reconoció que no sabe si podrá cancelar las pensiones con ingresos tributarios, tal como hace ahora, o si deberá endeudarse.
La Supén hizo la valoración de flujo de gasto futuro en pensiones, en mayo anterior, como parte del proceso de supervisión de los fondos de jubilación existentes.
“Las últimas pensiones a cargo del Presupuesto Nacional se estarán pagando cerca del año 2100. Una pensión de este tipo puede durar perfectamente 100 años porque se traslada al beneficiario del jubilado”, explicó Édgar Robles, superintendente de Pensiones.
Los regímenes especiales de pensiones, cerrados en 1992, son financiados anualmente en un 90% con el pago de impuestos que hacen los contribuyentes al Gobierno. Para el 2015, casi 60.000 personas recibirán ¢789.331 millones, según el Ministerio de Hacienda.
En total, son 14 los sistemas bajo la administración del Ministerio de Trabajo.
Distribución. El fondo de pensiones del Magisterio Nacional absorberá la mayoría de los recursos. Los 39.157 jubilados de este régimen de reparto recibirían ¢8,3 billones, según Supén.
Además, el cálculo no incorpora a las personas que aún tienen derecho a pensionarse con ese régimen, pues lo conservan si empezaron a laborar antes de 1992, dijo Robles.
La Superintendencia estima que, en la próxima década, 13.000 personas cumplirán los requisitos para jubilarse con dicho sistema.
En los regímenes de Hacienda, de los exdiputados y el Ministerio de Obras Públicas, los 17.567 jubilados recibirán ¢1,7 billones.
Los privilegios que otorgan estos sistemas hacen que la erogación estatal sea onerosa, pues el beneficiario tiene derecho a una pensión equivalente al último salario devengado.
Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda, dijo que las pensiones a cargo del Presupuesto Nacional estrujan el gasto público.
El Gobierno apostó a aplicar los topes a las jubilaciones de lujo, pero actualmente la Sala IV estudia si dicha normativa es legal.
“Tenemos que pensar en más medidas porque el problema con estos regímenes es que nunca les dieron sostenibilidad. Actuar ahora es difícil.
”Debemos limitar la transferencia de la pensión”, enfatizó Rodríguez.
Los regímenes no contributivos, como el de los excombatientes de la Guerra de 1948, son los que menos impacto a las finanzas públicas tendrán a futuro, debido a que son pocas personas y los montos de pensión son bajos.