La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) pagó ¢15.300 millones de prestaciones legales en los últimos cinco años.
Así se desprende de los informes de Liquidación Presupuestaria, entre el 2011 y el 2015, elaborados por la Dirección Financiera de Recope de los cuales tiene copia La Nación .
Los recursos cancelados se giraron a trabajadores que se jubilaron y renunciaron durante dicho lapso. Además se incluye el subsidio por enfermedad.
Los beneficios laborales se entregaron a los empleados al amparo de la convención colectiva de trabajo.
Por concepto de auxilio de cesantía, con un tope máximo de 20 años, la empresa pública pagó ¢13.400 millones en los últimos cinco años.
Durante este lapso de tiempo se jubilaron 450 personas, según datos de Recope.
Anualmente, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) revisa el pago por concepto de cesantía, hecho el año previo, y lo reconoce en las tarifas como costo operativo y administrativo.
El año pasado se pensionaron 74 personas quienes, en promedio, recibieron una prestación de ¢25,2 millones, según el informe de liquidación presupuestaria remitido a la Contraloría General de la República.
Sin embargo, fue en el 2013 cuando más personas se jubilaron antes de que la Sala IV eliminó el tope de cesantía de 24 años y lo redujera a 20 años. En el Gobierno Central y el sector privado las prestaciones legales tienen un tope de ocho años.
Durante ese año se jubilaron 143 trabajadores, cada uno recibió en promedio ¢30,7 millones de cesantía. El costo total de prestaciones por pensión ascendió a ¢4.398 millones.“La ejecución de este rubro se vio afectada de manera atípica, producto del aumento significativo en el trámite de casos de jubilación y renuncias motivadas, en su mayoría, por las acciones de inconstitucionalidad contra la convención colectiva que ponían en riesgo los años que se les reconocía a los trabajadores al calcular la cesantía”, argumentó Recope ante la Contraloría.
Por otra parte, por concepto de subsidio de enfermedad la compañía pública pagó ¢1.878 millones entre el 2011 y el 2015.
El acuerdo colectivo establece que el empleado recibe siempre el 100% de su salario. Dicha medida obliga a Recope a aportar la diferencia de recursos al trabajador incapacitado para que este reciba el sueldo completo.