Entidad argumenta que maraña legal y derechos adquiridos dificultan cambios

Por: Óscar Rodríguez 26 septiembre, 2016
Pacientes del Hospital Blanco Cervantes recibieron atención odontológica el 12 de setiembre. | LUIS NAVARRO
Pacientes del Hospital Blanco Cervantes recibieron atención odontológica el 12 de setiembre. | LUIS NAVARRO

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) estudia una propuesta de ordenamiento de pluses que pide eliminar solo el 0,05% del gasto en incentivos salariales.

La iniciativa solicita suprimir tres beneficios que implicaron un egreso de ¢162 millones en el 2014. El fin es que no se den a los nuevos empleados; quienes los tienen no los perderán.

Por el contrario, el estudio Resultados de la revisión de los informes técnicos de pluses salariales plantea mantener sin cambios 15 incentivos que equivalen al 81,49% de los ¢324.206 millones pagados en incentivos salariales.

El informe también recomienda revisar y ajustar otros 15 sobresueldos que representan el 18,46% del egreso en pluses, es decir ¢60.000 millones.

Así consta en el documento JD-56209-16, del 11 de mayo, del que tiene copia La Nación , hecho por la Comisión A d Hoc Pluses Salariales, creada por la Directiva en julio del 2015. El trabajo fue hecho por los directivos José Luis Loría, Mayra Soto y Mario Devandas, representantes de los trabajadores en la Junta, con apoyo de la Gerencia Administrativa.

El órgano colegiado de la CCSS inició la discusión del informe en junio anterior, pero aún no han tomado ningún acuerdo de reforma en firme, dijo Loría.

Las decisiones que se tomen deberán, antes de una posible incorporación, ir a consulta con los grupos sindicales y gremiales de la institución, pues así lo establece la Normativa de Relaciones Laborales de la Caja.

La revisión de pluses e incentivos salariales se hizo por un informe de la Contraloría General de la República, del 2012, que ordenó analizar su legalidad y razonabilidad con el objetivo de la sostenibilidad financiera de la entidad.

Estructura. La revisión de la estructura salarial se centró en 33 pluses e incentivos activos.

Los beneficios que el informe pide suprimir son salario en especie, reconocimiento a patólogos e incentivo de vivienda para médico especialista en zona rural.

Las anualidades son el sobresueldo más relevante pues consumen la mitad del gasto en pluses, ¢166.976 millones.

Dicho beneficio se pagó al 99,84% de los empleados con plaza, es decir a 45.000 personas.

Luego sigue en importancia el incentivo de carrera hospitalaria y consulta externa que significó un egreso de ¢40.000 millones para 10.946 médicos en el 2014.

En el tercer puesto de relevancia está la dedicación exclusiva. Un total de 6.848 funcionarios administrativos recibieron ¢19.383 millones, y 2.273 profesionales médicos, ¢16.278 millones.

Además hay 8.364 médicos que tienen una dedicación exclusiva adicional que ascendió a ¢15.264 millones.

En total, los 33 pluses fueron un gasto de ¢459.562 millones, en el 2014, una vez que se incluyeron las cargas sociales. Dicho monto significó el 44% de ¢1 billón en remuneraciones para 53.231 trabajadores con plaza fija e interinos.

Estructura de beneficios salariales
Estructura de beneficios salariales

Impedimento. El directivo José Luis Loría explicó que la Junta solo puede modificar los pluses que aprobó el órgano colegiado. Pero los más onerosos fueron dados por leyes especiales y decretos ejecutivos.

“El peso más importante en gasto lo tienen los pluses dados en la Ley de Incentivos Médicos y el Estatuto de Enfermería. Para poderlos cambiar, hay que modificar las leyes, entonces la Junta deberá valorar la posibilidad de solicitarle a la Asamblea Legislativa los cambios”, argumentó el funcionario.

Loría recalcó que en la Directiva hay apoyo para limitar el otorgamiento de algunos incentivos a nuevos empleados.

El informe argumenta que la Caja tiene impedimento para modificar o suprimir pluses porque debe respetar los derechos adquiridos de los trabajadores. Además, porque los incentivos están arraigados en una maraña legal.

Sin embargo, hay directores que insisten en estudiar el fundamento legal de todos los incentivos para garantizar la sostenibilidad financiera de la CCSS.

Rolando Barrantes, representante del Gobierno en la Junta Directiva, es uno de los directivos que más ha insistido en buscar alternativas para reducir el peso de los pluses en el gasto de remuneraciones, según consta en actas del órgano colegiado.

Renato Alvarado, directivo del sector patronal, afirmó que los pluses deben moverse bastante, sin que eso signifique dar salarios malos a los empleados.

“La Caja no aguanta más, es necesario sentarse ya a la mesa a negociar con los trabajadores, el sector patronal y el Gobierno. El pleito en la Asamblea y con los empleados hay que hacerlo”, argumentó Alvarado. El director reconoció que el ajuste propuesto en el informe, en estudio en la Junta, es muy pequeño. “Pero “jurídicamente tenemos muchos obstáculos”, agregó.

Actualmente, las remuneraciones en la institución autónoma consumen el 65% del gasto anual de la Caja. La cifra se eleva a casi un 70% cuando se incluye el pago de 20 años de la cesantía.