Por: Óscar Rodríguez 18 agosto, 2014

El Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial pagó ¢187 millones de más por concepto de pensión a 16 exmagistrados y tres funcionarios judiciales retirados, durante siete años.

Así lo determinó un informe aprobado por la Corte Plena, el 29 de abril del 2013, del cual tiene copia La Nación .

Según el documento, a los exfuncionarios se les aplicó dos veces el aumento semestral por costo de vida sobre los gastos de representación, sobrepago que actualmente continúa vigente.

Un error en el cálculo del Departamento de Personal fue lo que generó la sobrevaluación, resaltó dicho informe.

La Corte Plena acordó, en marzo anterior, remitir este caso a la Procuraduría General de la República para que se inicie el proceso legal de cobro contra los exmagistrados, con el fin de revertir el daño causado al sistema de jubilaciones.

Ana Eugenia Romero, directora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, confirmó que a los exfuncionarios aún se les realiza el pago doble por concepto de gastos de representación.

“La suma girada aumenta cada mes y será en el momento en que se cuente con una resolución judicial que podrá establecerse el monto final a recuperar”, aseguró Romero.

Para Édgar Robles, superintendente de Pensiones, deben sentarse responsabilidades contra las personas que propiciaron el error del pago doble. Además de que se deben recuperar las sumas pagadas de más, puntualizó.

Los gastos de representación se reconocen solo para los empleados judiciales pensionados antes de diciembre del 2002, cuando se eliminó el beneficio, y se convirtió en un sobresueldo por magistratura.

Larga discusión. El Consejo Superior, como administrador del fondo de pensiones, inició en el 2009 un proceso para recuperar las sumas pagadas de más en la pensión de los exmagistrados. Un año después, la Sala IV anuló el acuerdo del Consejo al estimar que se debe acudir a la vía judicial.

En el 2011, tanto el Consejo Superior como la Corte Plena acordaron emprender el proceso de lesividad para lo cual solicitaron a la Procuraduría comenzar el cobro de dinero en la vía judicial.

Ese mismo año, la Procuraduría, como abogado del Estado, concluyó que el caso es un error que debe corregirse administrativamente y declinó iniciar los juicios contra los exmagistrados.

En marzo anterior, los magistrados volvieron a declarar el daño al fondo de pensiones y pidieron a la Procuraduría que realice los cobros porque el pago de más aún se realiza y tiene efectos negativos en el futuro para sistema.