Quitar el tope a las pensiones en el Poder Judicial, por parte de la Sala IV en el 2010, ha generado un daño millonario al fondo.
Según una estimación realizada por la Superintendencia de Pensiones (Supén), la eliminación del límite tiene un costo actuarial de ¢20.030 millones.
“El límite a la pensión era de ¢2,6 millones, en enero del 2010. Sino se hubiera quitado, hoy sería de ¢3,7 millones”, detalló Myriam Morera, directora de la División de Regímenes Colectivos de la Supén.
Actualmente, la jubilación más alta en el Poder Judicial asciende a más de ¢9 millones, según la información remitida por la institución a la Superintendencia.
La propuesta de reforma legal de la Corte es que el tope no sea mayor al 75% del salario más alto, es decir ¢7 millones. Los empleados judiciales, por su parte, presentaron una alternativa de un máximo de 12 salarios base, con lo cual quedaría en ¢4,8 millones.
Actualmente, las pensiones que están a cargo del Presupuesto Nacional tienen un límite de ¢2,3 millones. Sin embargo, dicho tope está suspendido por la Sala IV que analiza si dicha medida es constitucional.
En el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el monto máximo de jubilación mensual es de ¢1,5 millones.
La diputada Sandra Piszk dijo que, por justicia social, las pensiones deben tener un monto racional. Ella planteó uno de los cuatro proyectos de reforma al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
“Al final todos los proyectos coinciden en la necesidad de poner un techo. La discrepancia es simplemente de cómo hacerlo”, recalcó la legisladora.
En la Comisión de Asuntos Jurídicos están presentadas tres de las cuatro propuestas legales. La discusión de las iniciativas se retomará en abril próximo.