País suramericano anunció que ya pagó capital e intereses a acreedores que adhirieron a canjes en el 2005 y el 2010

 27 junio, 2014

San José

Un juez federal estadounidense negó el jueves la solicitud de Argentina de prorrogar la fecha tope para pagar una deuda de $1.650 millones a fondos de cobertura norteamericanos, lo que deja al país pocas opciones y poco tiempo para pagar el lunes a la mayoría de sus acreedores.

El ministro de Economía de Argentina Axel Kicillof (centro) habla durante una conferencia de prensa con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich (izquiera) y el asesor jurídico ejecutivo Carlos Zannini, en Buenos Aires. Kicillof dijo que el gobierno había transferido los recursos para el servicio de la deuda reestructurada.
El ministro de Economía de Argentina Axel Kicillof (centro) habla durante una conferencia de prensa con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich (izquiera) y el asesor jurídico ejecutivo Carlos Zannini, en Buenos Aires. Kicillof dijo que el gobierno había transferido los recursos para el servicio de la deuda reestructurada.

El juez federal de distrito Thomas Griesa dijo que la solicitud de Argentina "no era apropiada" porque la exigencia de pagar a los fondos de cobertura que participan en el litigio en Manhattan sólo se activa si Argentina paga a los tenedores de bonos que canjearon su deuda por otra de menor valor en los años siguientes al colapso económico argentino del 2001.

Argentina anunció el jueves que pagó los servicios de capital e intereses de bonos que vencen el próximo lunes a acreedores que adhirieron a canjes de deuda en el 2005 y el 2010, en medio del conflicto que mantiene con acreedores.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo a la prensa que en cumplimiento del contrato vigente con los tenedores de deuda reestructurada el gobierno ha procedido al pago de los servicios de capital e intereses de sus bonos bajo ley extranjera y precisó que de los $832 millones abonados, $539 millones han sido depositados en cuentas del banco New York Mellon en el Banco Central de la República Argentina.

"No pagar teniendo los recursos y forzando un default voluntario es algo que no está contemplado en la ley argentina, sería... una clara violación a los prospectos de deuda", sostuvo.

Robert A. Cohen, abogado de los fondos de cobertura estadounidenses, expresó a Griesa en una carta que el anuncio del pago por parte de Kicillof era un "paso audaz que infringe la orden de este tribunal y que garantiza una respuesta rápida y decisiva".

Cohen dijo que los demandantes en el tribunal de Nueva York habían contactado al Bank of New York Mellon para recordarle que no puede permitir que Argentina envíe dinero a los tenedores de bonos que aceptaron los canjes de deuda. Cohen agregó que los demandantes actuaron después que Kiciloff anunció el depósito.

El juez programó una audiencia para el viernes por la mañana.

Argentina se expone a sufrir embargos de los fondos girados u otros depósitos por orden del juez Griesa, que en el 2012 falló a favor de que el país también abone al mismo tiempo y en efectivo a los fondos de cobertura. El magistrado rechazó el jueves suspender la ejecución de su sentencia, como le había pedido Argentina.

La sentencia de Griesa fue respaldada por la Corte Suprema de Estados Unidos el 16 de junio.

Argentina había pedido la medida de suspensión con el argumento de que es "esencial" para seguir pagando normalmente —sin arriesgarse a sufrir eventuales embargos— a los bonistas que en los canjes aceptaron títulos de menor valor que los declarados en cese de pagos en el 2001, cuando la economía del país colapsó y se declaró una mora de $100.000 millones.

También dijo que ello le permitiría entablar una negociación con los demandantes "en un plazo razonable" y evitar así un default que podría hundir a la economía del país.

Pero los fondos de cobertura solicitaron al magistrado que negara la suspensión, alegando que Argentina intenta evadir sus obligaciones. Además, señalaron que si el país paga el próximo lunes a los tenedores de bonos reestructurados no tendría problemas para resolver el resto de sus deudas con los demás tenedores durante un período de gracia de 30 días que comenzaría después de ese día.

"Era bastante difícil que el juez suspendiera la ejecución del fallo... sin que le dieran una garantía de pago por parte del gobierno argentino. Más cuando los litigantes en el juicio dijeron que no estaban de acuerdo con algo así", dijo a The Associated Press el economista Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso.

Kicillof manifestó asimismo la "convicción plena" de las autoridades de respetar "el proceso exitoso de reestructuración voluntaria de deuda" al que se adhirió 92,4% de los bonistas y señaló que los derechos de una mayoría clara no puede ser vulnerada por los litigantes que representan al 1 % de los bonistas, "fulminando" así el esfuerzo de la nación "para honrar sus compromisos".

También advirtió de la posibilidad de que Argentina pueda tomar acciones judiciales para defenderse.

"Esta decisión soberana... implica advertir respecto de las consecuencias de sus actos a Estados Unidos por la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su poder judicial, al agente fiduciario, a las entidades financieras involucradas, a los litigantes y al mismo juez Thomas Griesa respecto a eventuales acciones judiciales que nos permitan hacer valer legítimamente nuestros derechos como miembro de la comunidad internacional", señaló al respecto.

Kicillof afirmó que si se embargaran fondos depositados se afectarían los derechos de "sus verdaderos dueños", es decir, de los tenedores adheridos a los canjes y ello implicaría, entre otras cosas, "una apropiación indebida de fondos de terceros" e "incumplimiento de su responsabilidad contractual".

El ministro también señaló que "no cabe la menor duda de la parcialidad del juez en favor de los fondos buitres" - quienes a su vez señalaron días atrás que el pago de lo que se les adeuda habría ascendido a $1.650 millones- y que la intención del magistrado es llevar al país al default.

Argentina sostiene que la justicia estadounidense le impide concluir con éxito la política de desendeudamiento aplicada en los últimos 11 años por la cual canceló deudas con el Fondo Monetario Internacional, con empresas que ganaron juicios al país en tribunales internacionales y con el Club de París.

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