El documento de Consolidación Fiscal que presentó el Gobierno contiene como una de las ideas para enfrentar el déficit fiscal mantener el aporte estatal a la educación en 7% del PIB (producto interno bruto) actual y no aumentarlo al 8% como demanda la Constitución Política.
En el documento se plantean una serie de cuestionamientos que desatan debate entre conocedores del tema.
Uno de ellos es que el gasto público actual en educación como proporción del PIB de Costa Rica excede, significativamente, el de la mayoría de países latinoamericanos y es comparable con algunos países de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), que incluye a las naciones más industrializadas.
Sin embargo, el desempeño académico medido por las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) es inferior al de varios países de la región y al de la OCDE.
Miguel Gutiérrez, quien dirigió el Estado de la Nación, publicó el 17 de noviembre, en este diario, un artículo en el cual critica estas comparaciones y argumenta que ese no es buen indicador.
Explica que, en promedio, los países de la OCDE gastan $8.511 por estudiante en educación primaria y secundaria, mientras que en Costa Rica el promedio en todos los niveles es de $2.798.
Añade que Costa Rica gasta más en educación y salud porque así lo decidió y porque no tiene gasto militar.
El ministro de Educación, Leonardo Garnier, también criticó las cifras y defendió el 8% del PIB para educación.
“Yo sí considero que debemos llegar al 8% del PIB para la educación, sobre todo si tomamos en cuenta que la cobertura en preescolar y en secundaria aún está significativamente por debajo del 100%, y que si bien en primaria la cobertura es prácticamente universal, esta cobertura se logra, en la gran mayoría de los casos, bajo un esquema de doble jornada que no permite cumplir con el programa oficial que requiere el horario completo”, comentó.
En contra del 8%. El exministro de Hacienda Thelmo Vargas tiene una posición diferente.
Para él las finanzas públicas no están para que por norma constitucional se obligue a gastar más, en particular si es a costa de subir impuestos, pues ello es recesivo en el corto plazo.
“Mejor es destinar a la educación pública un 7% de una economía que crece, que un 8% de una estancada”, argumentó Vargas.
Además, sostiene que la totalidad de los aumentos en el presupuesto de educación debe asignarse a la educación básica si es que en efecto se está a favor de luchar contra la desigualdad, no a la superior, pues el aporte estatal a las universidades públicas beneficia, fundamentalmente, a estudiantes de familias acomodadas económicamente.